“Somos la comunidad autónoma que más crece en población, más de 5.350.000 habitantes, también crece nuestra economía. En 2023 hubo un récord de beneficios empresariales y los nueve primeros meses de 2024 ha habido un aumento respecto al 2023 de un 0,73%. En contraste, los salarios suben de forma muy moderada, por lo que hay margen para avanzar en crecimiento salarial” ha afirmado. Todas las perspectivas evidencian que España es uno de los países que va mejor en lo macroeconómico, a esta tendencia se suma la experiencia reciente de que “con medidas de carácter expansivo hemos salido más rápido y mejor de las crisis que con las medidas reduccionistas que se tomaron en 2008” ha recordado.

García ha explicado que, sin embargo, la población no nota la buena marcha económica en sus finanzas cotidianas. “La cesta de la compra se ha encarecido, los precios de la energía y los carburantes son elevados y las familias dedican aproximadamente el 40% de sus ingresos a pagar la vivienda. El riesgo de pobreza y la desigualdad siguen siendo retos importantes, por lo que “es imprescindible que la ciudadanía experimente que esa alza macroeconómica llega a sus bolsillos”.

Respecto a la infrafinanciación, García ha sido contundente “necesitamos un modelo de financiación autonómica justo, acompañado de una reforma fiscal en profundidad. Urge un sistema con más ingresos para repartir más y mejor a todas las comunidades, pero también corresponsabilidad fiscal”.

La secretaria general ha llamado la atención sobre la importancia de planteamientos integradores para superar los posibles riesgos de inseguridad laboral o transformación de los empleos actuales derivados de la transición digital y la transformación verde. “Necesitamos políticas activas de empleo fuertes, con fondos suficientes para orientación, formación e inserción, y enfrentar la baja inversión actual en innovación. Pero sobre todo, es importantísimo que todas las propuestas y los retos que tenemos por delante sean fruto del diálogo social”.

Protección social, políticas de empleo y transición sostenible

“La sostenibilidad medioambiental es el único camino, como lamentablemente experimentamos el pasado 29 de octubre” ha zanjado. En cuanto al proceso de digitalización, CCOO reclama apoyo a la creación de empleo de calidad, refuerzo del sector industrial, transformación de un sector turístico que no puede seguir basándose en bajos salarios o en precariedad laboral, adecuación de las medidas al tamaño de las empresas, y políticas de empleo ambiciosas.

La responsable ha reclamado una protección social amplia que blinde los servicios públicos básicos, educación, sanidad y servicios sociales. “Las listas de atención a la dependencia deben volver a reducirse porque han crecido en términos insostenibles. Es urgente establecer una estrategia de cuidados, para creación de empleo, para dignificar la profesión y para mejorar las condiciones de trabajo, sobre todo de tantas mujeres que se hacen cargo de los cuidados en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país”.

Diálogo social: herramienta clave en la reconstrucción

El día después de la DANA el sindicato puso sobre la mesa tres exigencias. La primera, atención a las familias, a las empresas y a las personas trabajadoras afectadas, muchas de las cuáles se habían quedado atrapadas. La segunda, el mantenimiento del empleo y de la economía, el escudo social. Y la tercera, la exigencia de responsabilidades políticas. 

García ha destacado la eficacia del diálogo social autonómico para mantener la economía y de el empleo, como se probó durante la pandemia, con acuerdos como Alcem-nos y el plan Reactiva. Por tanto, ha puesto en valor la reciente constitución de una mesa de trabajo específica para enfrentar el proceso de reconstrucción tras la DANA, con el compromiso de convocatoria mensual.

Al respecto, ha reiterado la necesidad de mantener el escudo social mientras dure la situación para que la economía no caiga, para que las empresas no cierren y para no destruir empleo. Mantener los permisos o ayudas para la recuperación, ayudas a la vivienda, y para la renovación tecnológica. “Debemos aprovechar esta situación para que las empresas afectadas puedan renovarse tecnológicamente, y para poder tener esas ayudas es imprescindible adecuar la recaudación de impuestos a las circunstancias, es decir, quien más tenga que aporte más para que la sociedad valenciana avance de la mejor forma posible”.

La líder sindical ha enumerado las tareas pendientes para poder avanzar. La integración de la perspectiva climática en todas las políticas, cambiar por ejemplo los modelos de movilidad que hagan posible el acceso en transporte público colectivo a los polígonos. Garantizar recursos públicos en materia de protección civil. Protocolizar los sistemas de alerta temprana, prevenir el riesgo para la vida y la economía valenciana. Es necesario un replanteamiento urbanístico, infraestructuras necesarias para las canalizaciones de agua y para minimizar el riesgo. “Es vital corregir los excesos normativos, como la reciente normativa que permite construir en zonas inundables o construir hoteles a 200 metros de la costa” ha denunciado.

La secretaria general ha planteado la conveniencia a largo plazo de “una especie de plan Marshall, para la reubicación fuera de zonas inundables. Algo complejo, teniendo en cuenta una afectación en la zona cero de más de 800.000 personas. La propuesta plantea la combinación de políticas con perspectiva de cambio climático, el cambio de normativas que ya están en vigor y la construcción en algunos otros municipios, para salvaguardar la vida. El sindicato ya ha trasladado al Gobierno de España, un pacto de estado interinstitucional transversal, con todas las instituciones afectadas, contando con los agentes sociales y económicos valencianos.

Vivienda

En el País Valenciano hay 59.413 viviendas turísticas con licencia, más de 38.000 en Alicante, 14.600 en Valencia y 6.800 en Castellón. El incremento medio del precio de compra en 2024 ha sido del 8,4%, y en el País Valenciano del 19%. El aumento de desahucios en viviendas de alquiler ascendió a 3.869 en 2023. “El derecho constitucional al acceso a una vivienda digna se está vulnerando. Los distintos gobiernos, en sus competencias, deben intervenir en el mercado” ha reclamado.

García ha recordado que el exceso de construcción produjo en 2008 una burbuja inmobiliaria y una crisis grave. En el mercado inmobiliario los precios no bajan por construir más, potenciar la construcción desmedida no funciona. Al respecto, ha cuestionado que el Gobierno valenciano no esté aplicando la ley estatal, por lo que no se interviene en el precio del alquiler, con consecuencias graves en la posibilidad de emancipación de la juventud trabajadora. “Hay que intervenir sí o sí el mercado inmobiliario, y asegurar en los presupuestos de la Generalitat partidas específicas para actuaciones a corto, a medio y a largo plazo” ha concretado.

El sindicato reclama el establecimiento de ayudas estructurales de acceso a la vivienda, sobre todo para la juventud; limitación de las viviendas turísticas; una ampliación del parque público de vivienda, para dar un uso residencial a más de medio millón de viviendas vacías; limitar los precios del alquiler; poner fin a los desahucios si no hay una alternativa habitacional; incorporar la calificación de permanente a la vivienda protegida para que los recursos públicos destinados a proteger el derecho a la vivienda pasen a manos privadas en unos años.

Reducción de jornada 

Nos hemos movilizado para intentar que la COE entrase en el acuerdo, pero no ha sido posible. “Esperemos que cuando vaya a la tramitación parlamentaria, los partidos políticos que tienen que votar la reducción de la jornada, no voten en contra la mayoría social” ha asegurado. Como sindicato entendíamos que era necesaria una implantación flexible de la medida, atendiendo al tejido productivo que tenemos, y ayudas a las pequeñas y medianas empresas para que la implantación fuera progresiva, pero ambas demandas se rechazaron.

García se ha referido al millón de horas extra que se realizan a la semana y ha insistido en que los 311.000 millones de beneficios empresariales permiten asumir este tipo de medidas. “Es cierto que por la vía de la negociación colectiva hemos alcanzado 37,5 o incluso menos en algunos sectores. Pero muchas personas no tienen una negociación colectiva fuerte, y para protegerles es necesario que la reducción de jornada se establezca en la norma base, que es el Estatuto de los Trabajadores y de las Trabajadoras” ha recordado.

Respecto a la productividad, la secretaria ha recordado que, pese a no alcanzar la media europea, también ha crecido en 2022 y en 2023. “Necesitamos transformar nuestro modelo productivo hacia actividades de mayor valor añadido que aumenten esa productividad. Urge una cultura empresarial más innovadora, mayor inversión en innovación, en I+, D, en educación y en formación en nuevas tecnologías” ha reclamado.

CCOO PV apuesta por trabajar menos porque permitiría un reparto más justo de la riqueza frente a la actual acumulación de la riqueza en cada vez menos manos. “La mayoría social necesita vivir de forma saludable, el impacto de la reducción de jornada sería muy relevante en la salud mental de la población trabajadora” ha afirmado. La medida también supondría beneficios medioambientales, mejoraría la conciliación, y sobre todo, tiene que servir para vivir mejor.