Comisiones Obreras del País Valenciano | 16 enero 2025.

CCOO PV reclama un cambio de rumbo en la agenda normativa del Gobierno valenciano

    El sindicato hace balance de un año marcado por la dana, en el que el Consell sigue sin asumir las responsabilidades políticas exigidas por el pueblo valenciano. 

    26/12/2024.
    Concentración ante la sede reclamando responsabilidades y en solidaridad con la población afectada por la DANA

    Concentración ante la sede reclamando responsabilidades y en solidaridad con la población afectada por la DANA

    Dos meses después del fallecimiento de 224 personas y de las 3 desaparecidas por la nefasta gestión de la dana, seguimos detectando importantes déficits en cuanto a infraestructuras en carreteras dependientes de la Generalitat, en limpieza de calles y garajes, en transporte público o en la atención a las personas, especialmente a las que tienen problemas de salud.

    Al menos, fruto de la presión sindical, se ha recogido la propuesta de complementar la prestación a las personas que están en ERTE por fuerza mayor, estableciendo un pago único de 360 euros. “Hemos fijado el mes de marzo para hacer un seguimiento y valorar la posibilidad de realizar un segundo pago si la situación se alarga”, ha afirmado Ana García.

    La secretaria general de CCOO PV considera que son muchos retos por delante para desarrollar en el ámbito del diálogo social, empezando por la transformación del modelo productivo “que genere empleo inclusivo, sostenido y sostenible, en un momento en el que la economía valenciana se va a resentir”.

    “El gobierno de Mazón no oculta su hoja de ruta neoliberal y regresiva, de reducción de impuestos a las rentas más altas e incumplimientos de los acuerdos de la negociación colectiva, ni siquiera tras su ruptura con Vox”. La secretaria general ha destacado en el balance del año que la planificación normativa de la Generalitat ha estado marcada por una desregulación en cuestiones clave como los servicios públicos, la vivienda o ante la emergencia climática, “como si no hubieran aprendido nada de la catástrofe de la dana”. 

    Algunos ejemplos destacables los encontramos en su ley estrella de simplificación administrativa, que modifica diversas normas esenciales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y posibilita emplazamientos hoteleros en suelos no urbanizables del litoral a una distancia de 200 metros, o en las enmiendas a la ley valenciana de cambio climático y transición ecológica que han cambiado objetivos o plazos de consecución. Es más, han aprobado un decreto de urgencia para suprimir los impuestos ambientales que han de sufragar el fondo para una transición ecológica justa.

    Asimismo, la ley simplifica limita los mecanismos de participación de la sociedad civil en la evaluación y control de las políticas públicas. Otro ejemplo paradigmático lo encontramos en el anteproyecto de ley de ordenación de la costa, que reduce el grado de protección del territorio, con una rebaja al 50 % en las sanciones con respecto al resto de normativa urbanística, además de priorizar la actividad económica por encima de todo.

    Con respecto a la situación de la vivienda, otro de los principales retos que tenemos como sociedad, el Consell ha modificado la normativa para introducir una desclasificación temprana de la protección oficial, “echando a la basura todo el esfuerzo de la sociedad valenciana por invertir en recursos públicos con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda con precios asequibles”, ha aseverado. Desde CCOO PV pedimos que se aplique la calificación permanente, además de la declaración de las zonas tensionadas, para garantizar que “la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado”.

    Ana García recuerda el rechazo del sindicato a las cinco primeras leyes de este Gobierno, cuando PP y Vox todavía eran socios y compartían las motivaciones ideológicas para frenar el progreso y los avances sociales en el País Valenciano. La llamada ley de libertad educativa, que nació con la clara finalidad de arrinconar el valenciano y de enfrentar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en el uso de la lengua.

    La de “concordia”, cuya pretensión es condenar al olvido la memoria de las víctimas del franquismo y banalizar el derecho de reparación. “Las otras modificaciones legislativas que han contribuido a empobrecer nuestra democracia”, considera García, han apuntado a la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y a la Ley de transparencia y buen gobierno.

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