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Comisiones Obreras del País Valenciano | 5 diciembre 2022.

CCOO reivindica el derecho a una vejez digna con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores

    La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO PV ha reclamado ante la Delegación del Gobierno políticas públicas de promoción de la salud para un envejecimiento activo; el cumplimiento del compromiso de aumento de financiación estatal para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia; pensiones dignas y una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores.

    30/09/2022.
    Intervención de Evaristo Soto en la concentración ante la Delegación del Gobierno en Valencia

    Intervención de Evaristo Soto en la concentración ante la Delegación del Gobierno en Valencia

    Este viernes 30 de septiembre, CCOO PV ha realizado una concentración conjunta enmarcada en la conmemoración el día 1 de octubre del 32 aniversario del Día Internacional de las Personas Mayores, designado por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/106.

    La secretaria General de CCOO PV, Ana García, ha participado en la movilización y ha condensado las demandas planteadas en cuatro: "Pensiones dignas, agilización del plan de choque de la Dependencia, cambio del modelo residencial y un refuerzo de los servicios públicos, especialmente necesarios para la dignificaciuón de las condiciones de vida de las personas mayores"

    Evaristo Soto, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO PV ha recordadp en su intervención que “El 1 de octubre no es sólo un día de celebración, sino también de reivindicaciones y propuestas que den solución a los retos con los que nos enfrentamos los colectivos de personas mayores, como la brecha digital, la falta de adecuación de las ciudades a las necesidades de movilidad en la edad avanzada, la extensión de los cuidados y los servicios sociales en el domicilio cuando sea posible y la lucha contra la soledad no deseada ”.

    Al término de la concentración, los secretarios generales de ambas organizaciones han hecho entrega a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé de las reivindicaciones comunes.

    Los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para un envejecimiento saludable y con autonomía. Además, son instrumentos para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.

    Por todo ello, entre las reivindicaciones planteadas por CCOO al Gobierno y al conjunto de las administraciones y poderes públicos destaca este decálogo:

    1.- El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo.

    2.- Cumplimiento del compromiso deaumento de la financiación estatal condicionado a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD recogido en el Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales.

    Es necesario impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, reforzar los centros de atención, acordar protocolos de cómo se debe cuidar a las personas usuarias de las residencias para articular un modelo residencial digno.

    Es necesaria la vigilancia por las Administraciones Públicas competentes para asegurar que se cumplen las condiciones acordes con la licencia de funcionamiento de las residencias para minimizar el riesgo de conductas inadecuadas o un sistema basado más en el negocio que en la atención y bienestar de las personas residentes.

    3.- Impulsar una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores que garantice su visibilidad y la participación activa en todos los ámbitos de la sociedad así como una protección específica. Una ley que abarque: salud, vivienda, protección social y económica, protección jurídica y cultural, así como la no discriminación por razón de edad o sexo.

    4.- Control del precio de los servicios esenciales y regulación de los beneficios empresariales, como permite nuestra Constitución en momentos de crisis.

    5.- Garantizar pensiones dignas y suficientes mediante incremento por encima del umbral de la pobreza de todas las pensiones contributivas y no contributivas. Las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

    6.- Mejorar y simplificar los criterios de acceso al Bono Social Térmico. Reformar el sistema de formación de precios del mercado energético y limitar los beneficios extraordinarios de las compañías productoras y suministradoras.

    7.- Soluciones reales a la falta de servicios, el empobrecimiento y el abandono institucional en la España vaciada, habitada fundamentalmente por personas mayores.

    8.- Garantizar el cumplimiento de la Constitución (Art. 31) en materia fiscal, mediante un sistema tributario justo que contribuya al sostenimiento de la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y la protección de los colectivos más vulnerables.

    9.- Transformación digital inclusiva que no deje fuera a nadie por insuficiencia económica o falta de capacitación ya que actualmente excluye a gran parte del colectivo de personas mayores.

    10.- Intervención del Gobierno para terminar con la usura, malas prácticas y exclusión financiera impuesta por la patronal bancaria a las personas mayores. Garantizar la accesibilidad web y la atención presencial en las gestiones cotidianas, y poner coto a las comisiones abusivas.

    La pandemia como escaparate

    La crisis derivada de la COVID-19 ha servido para visualizar la importancia que tienen los servicios públicos para garantizar el bienestar de todas las personas. Urge resolver las numerosas lagunas y carencias que tiene nuestro sistema de protección social ante los retos pendientes.

    La pandemia, en constante evolución y lejos de ver el final de la misma, nos ha de hacer reflexionar sobre la importancia que otorga la sociedad a la salud, a los cuidados, pero también nos exige alzar nuestra mirada hacia la carestía de la vivienda, los desahucios, y sobre todo, la precariedad laboral y salarial, y la suficiencia económica de los mayores, ya que son un elemento central para asegurar la calidad de vida de toda la población.

    Las personas mayores, consideradas como grupo de riesgo ante el virus, han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia en todos estos ámbitos, derivada del mayor impacto del virus en su salud, pero también de la falta de recursos que las Administraciones Públicas de todos los niveles, destinan a las políticas públicas de salud, lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales, vivienda y dependencia.

    La crisis sanitaria ha puesto el foco sobre las residencias, entornos de vivienda en común, en los que se han infectado y fallecido un número muy elevado de personas mayores residentes, en un elevado número de casos sin recibir asistencia médica. El 70% de las plazas residenciales en España son privadas. La calidad de la atención de las personas mayores residentes y las condiciones laborales de las personas trabajadoras en ellas, han hecho saltar las alarmas sobre la necesidad de aumentar el control de las residencias para asegurar una mejor gestión, especialmente en momentos críticos.

    Documentación asociada
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