El pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) aprobó hoy la “Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana, 2020”, en un acto celebrado en la sede del Consell en Castellón, la Casa del Caragols.

Su presidente Carlos Luis Alfonso recalcó que el documento constata que la pandemia sanitaria vivida en 2020 ha impactado y condicionado las políticas de los gobiernos para paliar los efectos sanitarios, sociales y económicos generados, entre los que se cuenta la destrucción de 72.500 empleos en nuestra comunidad. Alertó de la necesidad de dotar de mayores recursos a la sanidad pública y recordó el riesgo de despoblación que afecta a 78.897 personas de 171 municipios de la Comunitat Valenciana, lo que requiere aplicar medidas para atajarlo.

Tras reconocer el esfuerzo realizado por la Administración para abordar esta situación, el CES-CV insta a mantener las políticas encaminadas a superar la crisis, priorizando el gasto sanitario y apoyar a las familias y empresas, incluidos los trabajadores autónomos, por medio de políticas monetarias y fiscales expansivas.

Considera que es necesario reforzar el sistema sanitario público, dotándolo de los recursos humanos, económicos y de las infraestructuras necesarias. Para ello es fundamental incrementar el presupuesto que el Consell destina a la sanidad y otros servicios públicos esenciales. Sin embargo, añadió, ello requiere que la Comunitat reciba más fondos del Gobierno central, lo que pone de relieve la insuficiente financiación que recibe, por lo que es preciso cambiar el sistema de financiación actual que la perjudica y merma sus posibilidades de crecimiento y creación de empleo.

Abogó porque la Comunitat Valenciana continúe sentando las bases para alcanzar un modelo económico sustentado en el conocimiento, la innovación, la apertura y la conexión con el exterior, articulado sobre el principio de sostenibilidad, además de apostar por la digitalización y la reindustrialización.

El presidente del CES CV dio paso a los responsables de los tres bloques que conforman la Memoria, algunos de los aspectos más destacados fueron desglosados en sus intervenciones.

Agenda 2030

El vicepresidente del Grupo I, Juan José Ortega Sánchez, resaltó el valor de la Memoria fruto de una labor transversal y consensuada, mediante grupos de trabajo coordinados por la secretaria general, que permite confeccionar un documento que expone ante el Consell y las instituciones a él vinculadas las fortalezas y debilidades de la Comunitat, además de proponer soluciones para abordar esas necesidades detectadas.

Ortega apuntó que por segundo año consecutivo en la elaboración del documento final se ha tenido en cuenta el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para dar una visión del grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en la Agenda 2030 a nivel autonómico. En este contexto, el CES-CV valora el trabajo realizado porque todos los indicadores (tasa de pobreza, nutrición, esperanza de vida, escolarización, diferencia salarias entres hombres y mujeres, paro, implantación de las TIC en los hogares…) se acercan a los objetivos fijados, aunque aún se está lejos de lograrlo, lo que requiere redoblar esfuerzos, tanto por las Administraciones públicas como por los ciudadanos.

En esta ocasión, además, y como muestra del compromiso del Comité con dicha Agenda, a lo largo del texto de esta Memoria se incluye por primera vez una serie de cuadros que recogen las valoraciones y recomendaciones del Comité directamente vinculadas con algunas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El vicepresidente reiteró que la Agenda 2030 es un pilar esencial para abordar la reconstrucción social y económica de la Comunitat sin dejar de lado otros grandes objetivos con la emergencia climática o la desigualdad.

Debilidades de la economía valenciana

Ricardo Miralles, vicepresidente del CES-CV por el Grupo II y presidente del Grupo de Trabajo (GT) del Bloque I describió aspectos destacados del panorama económico con referencias a la situación internacional, estatal y de la Comunitat Valenciana, analizando aspectos como la evolución económica por sectores, la estructura empresarial y la I+D+i, el sector exterior, la información sobre la inversión extranjera, el sector público, los precios y costes, el transporte y las infraestructuras y el sistema financiero valenciano.

Miralles recalcó el efecto condicionante sobre la economía mundial de la COVID-19 y, consecuentemente sobre el empleo y los ingresos de los trabajadores con menor nivel formativo o en condiciones más precarias como los jóvenes y las mujeres. Y es que, apunta, la pandemia ha sido una perturbación común que ha afectado a todas las economías, pero con un impacto económico heterogéneo en los diferentes países de la UE, debido en gran medida a los distintos grados de exposición a los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento social, y también como reflejo de diferencias en la intensidad de la propia crisis sanitaria, así como del alcance y la naturaleza de las medidas de estímulo implementadas, además de los avances en las vacunas.

Las medidas extraordinarias adoptadas para atajar la pandemia, que paralizaron parte de la actividad económica, han tenido un impacto contractivo severo sobre el PIB y también sobre el empleo en la Comunitat Valenciana, donde la economía se estima que se contrajo en un -11,5% en 2020, un retroceso superior al de España (-10,8%) y al de la zona euro (-6,6%).

Miralles recordó que el impacto de la pandemia ha sido significativo y heterogéneo en la Comunitat Valenciana, tanto en la actividad económica como en el mercado de trabajo. La reducción del consumo privado, en particular en los sectores de consumo social, explica una gran parte de la caída del PIB, con mayor intensidad en el momento más duro del confinamiento (meses de abril y mayo). Sin embargo, una menor incidencia sanitaria de la enfermedad y el mayor peso del turismo nacional con respecto al extranjero permitieron una recuperación más rápida. Todo ello unido a un menor efecto de la crisis sobre la inversión y las exportaciones dio lugar a un impacto final más reducido en el comportamiento de la demanda de la Comunitat Valenciana.

Apuntó que la crisis ha puesto de manifiesto las debilidades de su estructura productiva valenciana que presenta un alto grado de especialización, con un peso relativo más elevado del turismo, la hostelería y algunas ramas de la industria manufacturera intensivas en mano de obra, junto a un grado mayor de apertura al exterior y un tejido empresarial en que predomina la microempresa y el trabajo por cuenta propia en ciertas actividades del sector servicios, han hecho que los shocks de oferta y demanda derivados de la pandemia de la COVID-19 hayan tenido una mayor incidencia respecto a otras economías de nuestro entorno.

Destrucción de empleo

La presidenta del Grupo de Trabajo del Bloque II, Mila Cano, abordó las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales. Así, destacó el descenso de la ocupación en un 3,2% en 2020 y el aumento del desempleo en un 13,8%. Y es que la pandemia ha tenido un impacto negativo en el mercado laboral con 72.500 empleos destruidos y con 51.300 desempleados más al concluir el año.

Son datos que si bien reflejan la gravedad de la crisis está podría ser mayor, si bien los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) permiten que haya un importante volumen de trabajadores que siguen de alta en la Seguridad Social, pese a no estar trabajando o no hacerlo a tiempo completo. Así en diciembre de 2020 en las oficinas de empleo de la Comunitat Valenciana había inscritas 437.701 personas en tanto que 47.150 más estaban sujetas a un ERTE

En este difícil contexto, el diálogo social, apunta, fue clave para afrontar los efectos de la COVID-19. Por eso son destacables los tres acuerdos sociales en defensa del empleo, para preservar los puestos de trabajo. Ese diálogo fructificó también en la aprobación del salario mínimo interprofesional o en la reforma de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que recibe la regulación del teletrabajo en la función pública. Acuerdos a escala estatal que a nivel autonómico se plasmaron en el Acuerdo Único para ayudar a los más vulnerables o el Acuerdo Social para la Reconstrucción de la Comunitat Valenciana.

Riesgo de despoblación

Nardi Alba, presidenta del GT del Bloque III, fue la encargada de exponer los puntos más destacados de su área vinculaos al nivel y calidad de vida, abordando aspectos como la estructura demográfica, la vivienda, la educación y ciencia, la sanidad, el medio ambiente, el consumo, la protección social, la violencia de género y la sociedad digital.

Recordó, tal y como muestra el Informe sobre el Medio Rural elaborado en 2019, que la despoblación es un problema que preocupa y que en la Comunitat Valenciana implica que 78.897 personas vive en 171 localidades en riesgo de despoblamiento. Por ello es preciso hacer del medio rural un espacio lleno de proyectos de vida que garantice la igualdad de derechos de sus habitantes que el resto de la ciudadana.

Por ello el Comité plantea un enfoque territorial supramunicipal o subregional que complemente la visión municipal, el refuerzo de la cooperación público-privada para maximizar la movilización de los recursos territoriales o el establecimiento de una política fiscal diferenciada en territorios en riesgo de despoblación. Sin olvidar la necesidad de promover las redes de telecomunicaciones en estos territorios.

En el apartado medioambiental preocupa al CES-CV el aumento de 0,8 grados la temperatura media anual de la Comunitat Valenciana en 2020, hasta llegar a los 16,1 grados. Para luchar contra el cambio climático se constata que es clave avanzar hacia una economía circular, apostando por la cultura de reducción y reutilización de residuos.

Alba también alertó de que en 2020 el índice de envejecimiento aumentó un 2,6% en la Comunitat con respecto a 2019. Por ello plantea desarrollar políticas que reduzcan el déficit demográfico, favoreciendo la natalidad, la adopción, la inmigración y la acogida de un mayor número de refugiados o implementar medidas que atiendan la situación socioeconómica de la juventud, y particularmente que favorezcan su acceso a la vivienda, como un factor coadyuvante al descenso de la natalidad.

Otros datos destacables en la tercera parte de la Memoria son los relativos a:

-  Vivienda (incremento del parque público de viviendas y de subvenciones al alquiler de colectivos desfavorecidos); Educación (fomento de la formación profesional y disminución del abandono escolar);

- Sanidad (disminución del gasto farmacéutico y de las listas de espera e implementación de medidas como la prescripción electrónica no presencial);

- Medio Ambiente (incremento de las temperaturas, descenso de los incendios forestales y reducción consumo agua y bajos niveles de contaminación en el año de la pandemia);

- Consumo (aumento de las reclamaciones relacionadas con compras on line y reducción de las consultas a al Administración y de la actividad del sistema arbitral de consumo y las actividades formativas);

- Protección Social (descenso de ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y del número de personas trabajadoras afiliadas; aumento de las prestaciones contributivas y descenso de las no contributivas y sus solicitudes; aumento de beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión y puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital);

- Violencia de Género (disminución de las denuncias y el número de victimas acompañado de un incremento de las llamadas a servicios de atención a las mujeres, incremento de las sentencias condenatorias e intensificación de la ayuda de los centros residenciales en el año de la pandemia);

- Sociedad Digital (incremento de todos los indicadores TIC en hogares y empresas –aunque todavía hay un número importante de hogares que carecen de internet, disminuyendo el acceso al mismo en municipios de pequeño tamaño y en familias con rentas más bajas-, aumento de cobertura de prestación de servicios de banda ancha en el territorio de la Comunitat Valenciana e incremento de todos los indicadores del Plan de Transformación Digital de la Generalitat 2016-2020, en especial de los certificados electrónicos emitidos. En relación con las competencias digitales destaca que el 18,7% de los hombres declara tener un nivel avanzado frente a un 9% de mujeres).

Sobre el CES CV

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es, conforme al artículo 20.3 del Estatut d’Autonomia, una institución de la Generalitat Valenciana dotada de personalidad jurídica propia. Con la finalidad de garantizar su objetividad e independencia, ejerce sus funciones con plena autonomía orgánica y funcional.

El CES CV es un órgano consultivo y de asesoramiento del Consell en materias socioeconómicas, laborales y ocupacionales.