Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de julio de 2020

CCOO exige al Ministerio del Interior la renovación automática de permisos a personas extranjeras solicitantes de protección, refugiadas o apátridas

    El sindicato requiere al Ministerio del Interior para que, al igual que ha hecho la Secretaría de Estado de Migraciones con los trabajadores extranjeros en España, prorrogue automáticamente las tarjetas de personas solicitantes de protección y las que acreditan el estatuto de refugiado o apátrida.

    01/06/2020.

    Desde el comienzo de la pandemia en España y la instauración del estado de alarma CCOO ha venido realizando numerosas propuestas a las instituciones, también materia migratoria y de extranjería, bajo la premisa básica de NO DEJAR A NADIE ATRÁS, tampoco a los casi 5 millones de extranjeros que viven y trabajan en España y que están sufriendo la pandemia con el resto de la población.

    En esta línea, y dentro del marco del diálogo social, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se han aprobado medidas específicas tremendamente positivas como la renovación automática de los permisos de los extranjeros en España, lo cual da seguridad jurídica para mantener su legalidad en España y muestra el compromiso con los migrantes.

    Desde CCOO hemos pedido una medida análoga al Ministerio del Interior en el ámbito de sus competencias; esto es, el de los solicitantes de protección internacional y los refugiados con estatuto ya reconocido en España: la prórroga automática de sus tarjetas ("rojas") de solicitantes de protección, así como las tarjetas que acreditan el estatuto de refugiado o de apátrida.

    Sin embargo, el Ministerio del Interior ni siquiera responde a los requerimientos efectuados por CCOO, sumiendo en la incertidumbre a miles de hombres y mujeres cuyas tarjetas han caducado o lo harán durante esta crisis y que no pueden renovarlas simplemente porque las oficinas correspondientes no están operativas como consecuencia del estado de alarma.

    Por ello, CCOO hace un llamamiento al Gobierno de España para que asuma su responsabilidad con respecto a esta población extranjera en nuestro país y les facilite la estabilidad documental y la seguridad jurídica. Se dirige especialmente al Ministerio del Interior para que se muestre proactivo en materia de extranjería y –ejerciendo sus competencias– adopte una medida idéntica a la ya adoptada por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones.

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