“La forma para mantener la desigualdad en Guatemala es garantizado que no haya sindicatos”

    Lesbia Amézquita, representante del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG), y Marcos Rodas, representante de la Unión de Agricultores Minifundistas de Guatemala, han explicado en CCOO PV la violación de los derechos humanos de las personas que participan en movimientos sindicales y de defensa del territorio. Ambos han participado en las Jornadas de Solidaridad con la población indígena y campesina de Guatemala, organizadas por la Fundació Pau i Solidaridad PV.

    25/05/2018.
    Lesbia Amézquita y Marcos Rodas.

    Lesbia Amézquita y Marcos Rodas.

    Guatemala presenta unos niveles de pobreza que se elevan hasta el 60% de la población (el 24% en pobreza extrema), unas cifras que lo sitúan como uno de los países más empobrecidos de América Latina. Estos índices son similares a los existentes durante la guerra civil que asoló al país hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

    Una situación social que tiene unos orígenes muy claros para Lesbia Amézquita, representante del MSICG, única central sindical del país: “El origen de la desigualdad histórica en Guatemala ha sido la concentración de los medios de producción de la riqueza. Tenemos un Estado que fija políticas para que la clase trabajadora viva en la extrema pobreza”, señala la sindicalista, que explica que el Estado, con la presión de los patronos, fija unos salarios mínimos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria. A ello hay que sumarle la exoneración de impuestos al sector empresarial, haciendo recaer las cargas tributarias sobre los hombros de los trabajadores y de las trabajadoras: “Tenemos la tasa de impuestos más baja de toda América Latina. Solo las exoneraciones fiscales que se han fijado para el sector exportador y de maquila representan más del 7% del PIB del país”. Amézquita apunta que Guatemala sigue siendo un país agrícola, en el que más del 30% de la población está ocupada en este sector. Sin embargo, el 1,9 % de las personas propietarias controla más del 50% de la tierra.

    El representante de la Unión de Agricultores Minifundistas de Guatemala (UAM), Marcos Rodas, describe los efectos devastadores de la pobreza extrema: “Una situación que conlleva a no poder alimentarse adecuadamente, a la muerte por desnutrición de un niño, a no poder acceder a recursos muy básicos… todos estos elementos hacen que se viva en una sociedad violenta, empujan hacia ella”, señala Rodas, que recalca, en este sentido el repunte de la delincuencia y del narcotráfico.

    Su organización, la UAM, integrada por 3.500 miembros de familias productoras agropecuarias, está llevando a cabo un proyecto de desarrollo sostenible e inclusivo de la población indígena campesina de Guatemala, con la promoción de la soberanía alimentaria y la mejora de la salubridad en doce comunidades rurales. Un proyecto desarrollado en colaboración con la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO PV. Rodas destaca la importancia de la capacitación de los campesinos y campesinas para poder producir sus semillas y poder implantar las técnicas de mejoramiento de suelos: “Todos estos conocimientos se van difundiendo a otras familias, y así se van generando cambios”. Para el representante de la UAM, la ayuda al desarrollo es muy necesaria ante la falta de apoyo del Gobierno guatemalteco y la total ausencia de sistemas de salud y de educación en estas comunidades rurales.

    Este proyecto contempla acciones para combatir la violencia hacia las mujeres y a promover la recuperación de conocimientos agrícolas, provenientes de la cultura maya, que refuerzan la identidad cultural que estas comunidades habían perdido. “La siguiente fase es conseguir que estos pequeños agricultores lleguen a producir excedentes y puedan llegar a comercializarse”, afirma Rodas.

    Criminalización y persecución del sindicalismo

    El MSICG, nacido en 2007, no lo ha tenido fácil. Lesbia Amézquita explica que durante cinco años el estado negó su existencia y gracias a la labor de denuncia y de procesos judiciales ahora tienen el reconocimiento de la OIT y de todos los organismos internacionales. En su nacimiento en 2007, la tasa de sindicación del país no llegaba al 1% y ahora supera el 2%. “Para llegar a esto, nuestro coste ha sido de 79 compañeros asesinados, compañeros despedidos, otros amenazados”, explica la sindicalista, que añade que a pesar de las denuncias de estas situaciones nunca pasa nada. “Tenemos claro que en Guatemala, la forma en que se ha mantenido esta estructura de desigualdad es garantizando que no existan sindicatos”, afirma Amézquita, que apunta a la connivencia del Estado con el sector empresarial para que esto sea así. El despido, la inclusión en listas antisindicales de los trabajadores y de las trabajadoras, el asesinato, la persecución, las amenazas, la estigmatización del sindicalismo… “todo ello es muy fuerte para evitar que los trabajadores y trabajadoras se sindicalicen”.

    A pesar de esta situación, la sindicalista afirma que su organización ha crecido y en este último año han planteado 14 negociaciones colectivas. “El sindicato es el agente capaz de democratizar el Estado y la economía, como sucedió en España. El Estado de bienestar y la democracia en Europa se han construido con la sangre de los sindicatos”.

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