La acción sindical ante el proceso de digitalización

    “La tercera revolución tecnológica ha modificado la forma de producir, distribuir y consumir bienes y servicios, incluidos los puestos de trabajo y sus condiciones”, así ha enmarcado Máximo Blanco Muñoz, responsable de estrategias sectoriales de la Federación Industria de CCOO, su ponencia en l’Escola d’Estiu.

    14/09/2017.
    Juan Alcolea y Máximo Blanco.

    Juan Alcolea y Máximo Blanco.

    A partir del año 2000 se intensifica la aplicación de innovaciones tecnológicas digitales en todos los sectores productivos, especialmente en las telecomunicaciones, el turismo y los servicios financieros. El sector industrial, en el que ha centrado su intervención, también se ha visto fuertemente afectado por procesos de automatización y la posibilidad de controlar la producción desde cualquier lugar del mundo.

    La implantación de robots en las cadenas de montaje ha sustituido a una parte importante del personal laboral. La automoción ha perdido el 25% del empleo tras los procesos de robotización de los años 80. “Es difícil pronosticar con precisión las consecuencias futuras, pero lo que es evidente que se va a destruir más trabajo del creado”, ha asegurado Blanco. Eso tendrá un efecto directo, además de sobre el empleo, sobre la financiación del Estado del bienestar, afectando a la cohesión social. Por tanto, las medidas de anticipación son fundamentales para evitar ahondar en la desigualdad.

    Ha enunciado Máximo Blanco como otra de las amenazas la falta de normas regulatorias o la adecuación de la legislación actual. Hay muchas actividades que no se sabe qué normativa aplicar, si existe o no relación laboral o son falsos autónomos. En ese sentido, el sindicato tiene que tomar la iniciativa para organizar a esos trabajadores y trabajadoras.

    “Hace tiempo que desde el sindicato apostamos por el conocimiento y desarrollo tecnológico, pero la economía española pide puestos de camarero y albañilería”, considera el responsable de Industria de CCOO. El conjunto de Europa debe asumir el debate sobre estas nuevas formas de empleo para buscar cómo legalizar esas prácticas de trabajo no declarado, cómo evitar el empeoramiento de las condiciones laborales y cómo garantizar la protección social. “El marco de la normativa debe ser no solo nacional, sino europeo”, ha manifestado.

    Para Blanco, el problema no reside en la cantidad de empleo afectado, sino en los factores de cohesión social perjudicados. Por eso, ha incidido en que la respuesta pasa por la redistribución de la riqueza, incluyendo un reparto justo del empleo. El sindicato, en este proceso, tiene que participar en el modelo de relaciones laborales, fortaleciendo su capacidad de interlocución.

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