Comisiones Obreras del País Valenciano | 2 marzo 2026.

Cuando los algoritmos toman partido

  • Un artículo de Ana García, secretaria general de CCOO PV y Antonio Inarejos, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Sostenibilidad CCOO PV

Hoy, unas pocas corporaciones concentran el control de los datos, los algoritmos y las infraestructuras digitales. Este modelo no solo amenaza el empleo, sino que debilita a las pequeñas y medianas empresas valencianas, que compiten en clara desventaja. 

16/02/2026.
Ana García y Antonio Inarejos.

Ana García y Antonio Inarejos.

Bajo el discurso dominante de que no podemos ir en contra de la tecnología, la Inteligencia Artificial se nos presenta como algo neutro y beneficioso por definición. Es inevitable, gratuita, útil y moderna. Está en las empresas y cada vez más en nuestra vida cotidiana, incorporándose sin debate ni control. Pero esta aceptación acrítica es precisamente el mayor riesgo.

Tras este despliegue tecnológico se esconde una pregunta clave: ¿quién controla la IA, quién la diseña y a quién beneficia realmente? Se está testando sobre la sociedad sin conocer plenamente sus consecuencias sociales, laborales, ambientales ni de salud. Y se desarrolla, en gran medida, según los intereses de grandes corporaciones globales, no de las personas trabajadoras, ni del tejido productivo, ni del interés general.

Uno de los grandes mitos es su supuesta objetividad. Pero los algoritmos están diseñados por personas concretas, entrenados con unos determinados datos y orientados por intereses económicos y políticos muy definidos. Aprenden de sociedades profundamente desiguales y reproducen sesgos de género, de clase y de origen. Refuerzan los valores del modelo económico dominante, y, ante el amparo de una mal entendida libertad de expresión, expanden bulos y desinformación sin filtro.

Tenemos ya muchos ejemplos de los sesgos de la IA. En la concesión de préstamos, el algoritmo puede perjudicar a ciertos grupos socioeconómicos o personas migrantes. En materia de selección de personal y contratación, se dan sesgos formativos y de género. No es casualidad que muchas aplicaciones estén orientadas a intensificar la productividad, reforzar la vigilancia, individualizar las relaciones laborales o facilitar la desregulación. Por no hablar de las penalizaciones laborales que se dan con las valoraciones de la clientela y de sus consecuencias para trabajadores y trabajadoras. Quedan fuera del algoritmo la negociación colectiva, la protección social, la intervención pública y los derechos laborales conquistados tras décadas de lucha sindical.

Hoy, unas pocas corporaciones concentran el control de los datos, los algoritmos y las infraestructuras digitales. Millones de personas generan valor con su trabajo, su información y su consumo, sin control, sin propiedad y sin capacidad de decisión. Este modelo no solo amenaza el empleo, sino que debilita a las pequeñas y medianas empresas valencianas, que compiten en clara desventaja frente a multinacionales que utilizan la IA para concentrar mercado, reducir costes laborales y desplazar producción.

A todo ello se suma un coste ambiental sistemáticamente invisibilizado. La llamada ‘nube’ se sostiene sobre centros de datos con un consumo masivo de energía, agua y minerales críticos. Cada interacción con la IA tiene un impacto ecológico y humano que no aparece en los balances empresariales, pero sí en la factura social y ambiental.

La solución no pasa por rechazar la tecnología, sino por ponerle límites y control democrático. Regular, auditar y fiscalizar la IA no frena el progreso, lo orienta. Sin regulación pública, sin transparencia algorítmica y sin participación social, la IA puede convertirse en un factor de desigualdad, de peores condiciones laborales, de destrucción ambiental y de mayor concentración de poder.

La inteligencia artificial puede mejorar la vida colectiva o profundizar en las desigualdades existentes. La cuestión no está en la máquina, sino en quién la controla y con qué intereses. Solo hay que ver cómo ha insultado Elon Musk al presidente del Gobierno de España porque ha propuesto una medida de protección a la infancia y la juventud frente al daño que producen las redes sociales. Si las grandes corporaciones no ponen límites, lo tendrán que hacer los gobiernos.

A estos capitalistas no les preocupa la situación de las personas menores, solo que su bolsillo siga creciendo a costa de extender sus mentiras para llevarnos a una sociedad cada vez más desestructurada y desinformada. Sus intereses no son los de la clase trabajadora ni los de la mayoría social. Por lo tanto, el futuro no puede escribirse solo desde algoritmos corporativos. Debe construirse con democracia, derechos laborales y justicia social. Porque sin filtros ni control público, la IA no será una herramienta de progreso, sino otro mecanismo al servicio de los intereses de quienes la diseñan, en contra de las personas trabajadoras, las empresas valencianas y la sociedad en su conjunto.