Comisiones Obreras del País Valenciano | 12 diciembre 2025.

Unos servicios públicos amenazados

  • Artículo de Ana García Alcolea, secretaria general CCOO PV, publicado en eldiario.es Comunitat Valenciana.

En las comunidades autónomas gobernadas por opciones de derecha y con el apoyo de la extrema derecha vemos cómo la sanidad, la educación y los servicios sociales se van deteriorando y, en algunos casos, emprenden el camino de la privatización, aunque sea parcial.

03/11/2025.
Ana García, secretaria general de CCOO PV.

Ana García, secretaria general de CCOO PV.

Los servicios públicos salvan vidas. Lo hemos visto en multitud de situaciones: en la pandemia, en los rescates de la dana, cuando sufrimos una enfermedad grave, en los incendios y un largo etcétera.

Ahora bien, si no salvan más vidas es porque la clase política no lo permite. ¿Alguien sigue pensando que el modelo de privatización es la solución? Seguramente solo lo piensan las empresas que se benefician de los recursos económicos que pagamos entre todos y todas para disponer de unos servicios públicos de calidad.

Pero cuando hablamos de servicios públicos no solo hablamos de sanidad, de educación y de servicios sociales, estos últimos, por cierto, bastante maltrechos por los incumplimientos del Gobierno valenciano y la modificación de la normativa. Hablamos de cuerpos de policías, de bomberos, de recogida de basura, de limpieza viaria, de parques y jardines, de las ITV, de la justicia, de Hacienda, de Seguridad Social, de servicios públicos de empleo autonómicos y estatales, de servicios municipales, entre muchos otros.

En las comunidades autónomas gobernadas por opciones de derecha y con el apoyo de la extrema derecha vemos cómo la sanidad, la educación y los servicios sociales se van deteriorando y, en algunos casos, emprenden el camino de la privatización, aunque sea parcial.

Estamos viendo demoras en diagnósticos vitales, recortes de derechos por falta de medios, hospitales comarcales o centros de salud rurales sin profesionales por la precariedad de las condiciones de trabajo, y favores a la sanidad privada, a base de mantener o incrementar las concesiones sanitarias (el Baix Vinalopó) o de derivar listas de espera.

Mientras la sanidad pública se deteriora, la sanidad privada no hace más que aumentar sus beneficios, incrementando sus pólizas de seguro o gestionando paquetes enteros de listas de espera. Vemos que faltan docentes y medios tecnológicos en los colegios e institutos públicos. ¿Cómo afronta la Conselleria de Educación los futuros cierres de colegios e institutos ante fenómenos meteorológicos? ¿Cómo se afronta la futura jubilación de miles de funcionarios y de funcionarias en los próximos años?

El 30 de octubre nos concentramos en todo el país para reclamar al ministro Óscar López que negocie mejores condiciones laborales para los 3,5 millones de empleadas y empleados públicos. Salimos a reclamar unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales y más empleo público.

Estamos ante la urgente necesidad de defender el estado del bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos. Un deterioro que está provocando una mayor respuesta social, que es un gran termómetro para valorar la calidad de los mismos. Ahí están las manifestaciones por los incendios de este verano, por la mala gestión de la sanidad o la próxima huelga en la educación en el País Valencià.

Se ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de personal y el envejecimiento de las plantillas, por lo que hemos reclamado cambios profundos para la modernización de los servicios públicos. Y para ello se debe revertir lo perdido en las últimas décadas.

A ello le sumamos los incumplimientos en el País Valencià del acuerdo que hubo al inicio de legislatura en el ámbito público, entre ellos, el establecimiento de las 35 horas de jornada en sanidad.

Esta mala gestión se ve agravada por la permanente infrafinanciación que padecemos con respecto a otros territorios y que lastra el desarrollo de nuestros servicios públicos. Por ello, emplazamos de nuevo al PP y al PSOE a pactar un modelo de financiación justa para nuestro territorio y, en general, para todas las comunidades autónomas.

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