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Comisiones Obreras del País Valenciano | 7 octubre 2022.

Por una justicia social con rostro global

    El respeto a los derechos humanos, y, por tanto, a los derechos laborales y ambientales, constituye una exigencia de conducta aplicable a las empresas, independientemente del país en el que operen. La Fundació Pau i Solidaritat PV y la Fundación 1º de Mayo han organizado hoy este acto para explicar qué implica esta ‘diligencia debida’ en la actividad sindical y cómo afectan las nuevas legislaciones aprobadas o en elaboración.

    22/09/2022.
    La profesora de Derecho del Trabajo de la UV, Adoración Guamán; la secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de CCOO PV, Isabel Barrajón; y la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez.

    La profesora de Derecho del Trabajo de la UV, Adoración Guamán; la secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de CCOO PV, Isabel Barrajón; y la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez.

    La jornada ha comenzado con la presentación de la secretaria general de CCOO PV, Ana García, que ha destacado la importancia de los objetivos contemplados en el Anteproyecto de Ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales.

    Una norma, en cuya elaboración participa CCOO, que establece infracciones para las empresas que incumplan los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, además de garantizar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye, por tanto, el trabajo decente. “Diariamente se producen violaciones de los derechos humanos y laborales en todo el mundo. Ante una situación de crisis, quienes más pagan las consecuencias son los territorios más empobrecidos. En CCOO sabemos que esto hay que abordarlo de forma global”, ha apuntado Ana García.

    La jurista, politóloga y profesora del Derecho del Trabajo de la UV, Adoración Guamán, ha explicado las mutaciones aceleradas que está experimentando el mundo del trabajo: los cambios tecnológicos, la descentralización productiva, junto a la ‘desalarización y precarización del trabajo derivado de las plataformas digitales. Pero mientras esto sucede, el capital se fuga y “reproletariza” mano de obra en otros países. “Todo lo que impacta en las desigualdades globales tiene que ser pensado dentro de la acción sindical. No podemos hablar de justicia social si no hablamos de justicia social global”, ha señalado Guamán.

    Guamán ha puesto el foco en el concepto de “esclavitud moderna”. En estos momentos hay 50 millones de personas en el mundo que la padecen, tres millones más de las que había en 2016. Cuando las empresas transnacionales deslocalizan su producción lo que están introduciendo son las posibilidades de violaciones de derechos humanos, “y las asumen porque están generando mayor capital y mayor tasa de ganancia”. CCOO es el sindicato que ha conseguido avances importantes desde el diálogo social, por ejemplo en los acuerdos marco con empresas como Inditex.

    Mientras estas empresas tienen derecho a deslocalizarse, no tienen obligaciones, es decir, no hay todavía ninguna norma a nivel internacional que dé la posibilidad de sancionar por los daños cometidos a terceros países. “No hay posibilidad de conectar los diferentes eslabones de la cadena, de forma que las víctimas de estos ‘crímenes corporativos’ quedan indefensas”, ha denunciado. La solución a esta impunidad es un tratado internacional vinculante sobre las empresas y los derechos humanos. CCOO está participando en la negociación de este tratado internacional, que tiene lugar en el ámbito de Naciones Unidas.

    Mientras tanto, las vías desde nuestro ámbito estatal son los mecanismos de diligencia debida empresarial, que obliga a las empresas a identificar los riesgos que produce su actividad para los derechos humanos y el medio ambiente, a lo largo de toda su cadena de producción. En el Anteproyecto, que se está negociando en la actualidad, crea una entidad pública que puede sancionar, y establece una responsabilidad civil cuando se incumple la diligencia debida, por lo que se puede ir a la justicia para demandar a la empresa. “Esta norma puede permitirnos dar pasos hacia delante hacia la consecución del trabajo decente a nivel mundial. La justicia social o tienen rostro global o será imposible”, ha concluido Guamán.

    Ámbito autonómico

    La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat, Rosa Pérez, ha defendido poner límites a la “gula del capitalismo” y ha destacado la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre qué hace cada empresa. Pérez ha censurado que determinadas grandes compañías utilicen los ODS “como una cuestión de marketing para ponerse en valor”.

    La consellera ha explicado que, desde el ámbito competencial autonómico, se ha podido incidir en el ámbito de los derechos humanos y medioambientales. En primer lugar, con la Ley de Fomento de Responsabilidad Social (derechos humanos, comercio justo y buenas prácticas en el trabajo). En este sentido, ha agradecido a CCOO que, el pasado mes de agosto, se aprobara el Decreto de cláusulas sociales. “Se regulan las cláusulas que deben incluirse en los contratos de la Administración, en el materia de la desigualdad de género, integración de colectivos, medioambientales y de condiciones laborales. Y una cuestión muy importante, el blindaje de la subrogación empresarial, lo que supone una estabilidad para miles de trabajadores y trabajadoras”, ha indicado.

    También ha mencionado la futura Ley autonómica de Fomento de la paz y de los derechos humanos, pendiente de aprobación. “Hay que educar en la resolución de conflictos de una manera pacífica. Debemos tejer sociedades justas, pacíficas e inclusivas y estar alerta a todo tipo de violencia”. Pérez también ha resaltado que el País Valenciano es la primera autonomía que tiene sus presupuestos alineados con la Agenda 2030: “De las 169 metas que tienen los ODS, nosotros incidimos en el 91% de ellas”, ha apuntado.

    “Los derechos sindicales son derechos humanos”

    La secretaria de Internacional y Cooperación de CCOO, Cristina Faciaben, ha puesto sobre la mesa qué supone la diligencia debida en derechos humanos y ambientales para el sindicalismo, y cuál es el trabajo realizado hasta la actualidad en este sentido. “Desde el sindicalismo internacional, hace muchos años que se está demandando que se regule esta exigencia de responsabilidad a las compañías, con la adaptación de normas nacionales o internacionales sobre empresas y derechos humanos en general, y la diligencia debida en particular”.

    La dirigente sindical ha señalado que los derechos humanos van cobrando cada vez más relevancia en nuestra acción sindical: “Para nosotros, los derechos sindicales son derechos humanos. Hay a quien se le olvida o quien se opone a ello, pero desde CCOO así lo defendemos”.

    Por su parte, la Secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de CCOO PV, Isabel Barrajón, ha destacado el trabajo que se está desarrollando desde el sindicato y, en especial, desde la Fundació Pau i Solidaritat PV, en coherencia con las orientaciones definidas desde el ámbito confederal en materia de cooperación sindical, Agenda 2030 y diligencia debida en derechos humanos.

    En este sentido, en la línea de actuación transversal 'Trabajo Decente en Red' "hay una clara apuesta sindical por implementar y dar a conocer la Agenda 2030 a las personas afiliadas y trabajadoras, así como por hacer seguimiento e incidencia para conseguir avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha afirmado Barrajón.

    El director de la Fundación 1º de Mayo, Vicente López, ha cerrado la jornada con una reflexión sobre los retos y oportunidades sindicales en materia de diligencia debida, responsabilidad social y defensa de los derechos humanos y ambientales.