Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de abril de 2020

CCOO alerta del riesgo de colapso en el SEPE y FOGASA

  • El Gobierno debe tomar decisiones urgentes que proporcionen la plantilla necesaria a estos dos organismos. Si no es así, puede peligrar la gestión y el abono del único soporte económico que, en este periodo, puede tener una parte significativa de la población.

El anuncio, por parte del Gobierno, de un conjunto de medidas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, solo puede tener una valoración positiva a la vista de las consecuencias de la emergencia sanitaria que hoy se sufren. En los primeros días, son miles, cientos de miles, las personas trabajadoras que están viendo su puesto de trabajo amenazado, también van a ser miles las empresas que van a hacer uso de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE), bien por suspensiones o reducciones por causa de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas al coronavirus.

23/03/2020.
El peligro de colapso para el SEPE y FOGASA es patente

El peligro de colapso para el SEPE y FOGASA es patente

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha quedado identificado, en el Real Decreto-ley 8/2020 publicado el pasado miércoles, como el organismo de la Administración General del Estado que debe asumir la gestión de todas las medidas dirigidas a flexibilizar los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Es difícil calibrar con precisión en estos instantes la carga de trabajo adicional que todo ello puede suponer, pero es imposible escapar del desproporcionado volumen de solicitudes de prestación por desempleo al que va a ser necesario hacer frente.

De las cifras manejadas por el presidente del Gobierno puede concluirse que no va a existir impedimento presupuestario para hacer frente al gasto que supondrá el pago del desempleo como elemento sustitutivo de los salarios que dejen de abonar por las empresas. Pero la duda surge en la capacidad de gestión que actualmente tiene el Servicio Público de Empleo Estatal.

El organismo ha sufrido en los últimos años un recorte en su plantilla excepcionalmente severo. De los más de 10.200 efectivos con los que llegó a contar hace algunos años, se ha pasado a los menos de 7.900 que trabajan en la actualidad. Se ha perdido del orden del 25% de la plantilla y se soporta otro 17% de eventualidad que aún no tiene una solución definida.

Sería ridículo comprometer recursos económicos suficientes para dar respuesta a las necesidades de trabajadores, trabajadoras y empresas, diseñar los nuevos procedimientos necesarios para el reparto de dichos recursos y fracasar a la hora de gestionar los mismos por las carencias que se soportan en el Servicio Público de Empleo Estatal.

La plantilla del SEPE fue capaz de responder eficazmente en la crisis del 2008, ha sido capaz de mantener un servicio de pago de prestaciones por desempleo adecuado y ha demostrado la profesionalidad y dedicación de todas sus trabajadoras y trabajadores pese a tener una plantilla mal dimensionada y unas cargas de trabajo excesivas. Una vez más son estas situaciones de crisis la que demuestran la necesidad de mantener unos servicios públicos de calidad, que en momentos difíciles sostienen y aseguran la capacidad de dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía garantizando los derechos y los aspectos esenciales para la misma.

Hoy, el derecho de la ciudadanía a cobrar sus prestaciones por desempleo se viene reconociendo en el mismo instante en que es solicitado por la persona que cae en dicha situación, pero la gestión interna que va a tener que abordar el organismo en estos momentos es un reto de unas dimensiones colosales.

Si no se mejora sensiblemente la plantilla, el SEPE colapsará y una buena parte del mensaje del Gobierno y de lo recogido en el último Real Decreto-ley publicado, caerá como un castillo de naipes. La representación de CCOO en el organismo viene reclamando, desde hace más de un año, un incremento de plantilla que ya se demostraba necesario para el trabajo estructural que día a día recae sobre cada una de sus oficinas. Si a ese déficit sumamos los nuevos requerimientos, el Servicio Público de Empleo Estatal debería estar en condiciones de incorporar 2.500 efectivos de forma inmediata si se pretende que las nuevas ayudas por desempleo se abonen y ello se haga con rapidez.

Es cierto que la prioridad ahora es estrictamente sanitaria pero no debe olvidarse que los próximos meses van a ser también de desasosiego en el plano económico y laboral. Los organismos encargados de gestionar los denominados estabilizadores automáticos de la economía como el SEPE y FOGASA, van a tener que ser, en buena medida, los garantes de un nivel de rentas mínimo que impida que una parte importante de la población entre en claves de desesperación.

Reforzar esos dos organismos es fundamental. Si en el SEPE las carencias son claras, en FOGASA la situación puede llegar a ser aún más dramática. El Fondo de Garantía Salarial tiene una dimensión muy pequeña, no se alcanzan los 350 efectivos a nivel estatal y, para soportar lo que se le viene encima, en ningún caso debería estar por debajo de los 600 efectivos.

La Sección Sindical Estatal de CCOO se ha dirigido a los responsables de estos organismos, a la ministra de Trabajo y Economía Social y a los responsables de Función Pública en la Administración General del Estado para exigir soluciones que, desde su punto de vista, deberían haber quedado contempladas en el propio Real Decreto-ley publicado.

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