Comisiones Obreras del País Valenciano | 4 de abril de 2020

Iniciativa sindical por el derecho a vivienda digna

    CCOO y UGT instan al Gobierno a impulsar nuevas regulaciones y medidas que aseguren que la vivienda sea un derecho, y no un negocio. La iniciativa responde a las dificultades de gran parte de la sociedad para acceder a un derecho básico recogido en el artículo 47 de la Constitución y que sin duda debe contemplarse como un elemento esencial de emancipación e integración social.

    11/03/2020.
    Detalle de la portada

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    Ante la escalada de precios, tanto para la compra como para el alquiler de las viviendas, ambos sindicatos reclaman un limitación del precio máximo del alquiler, un Programa de Alquiler Seguro y Asequible (PASA), rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, regular las viviendas turísticas en “zonas tensionadas”, en aquellas zonas donde incluso se desplaza a las personas que viven allí en beneficio de otras con una mayor capacidad económica, así como incentivar la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, con una fiscalidad adecuada.

    Además, se reivindica un Plan de Alquiler Público y Social, dotado de fondos suficientes y sostenidos en el tiempo, que centre los recursos en un plan de consolidación del parque público de vivienda en alquiler, para lo que el suelo debe destinarse a vivienda pública y/o protegida de alquiler.

    Ana Belén Montero, secretaria de Política Social de CCOO PV afirma que “parte de esta dificultad de acceso a vivienda digna a un precio asequible tiene su origen en una Administración que ha dejado en manos del mercado libre un bien de primera necesidad. A su vez, se han desarrollado políticas públicas de vivienda ineficaces a la hora de contener la brecha causada por la elevación de los precios de la vivienda, tanto nueva como usada, en propiedad o en alquiler".

    Por ello, urgen políticas públicas que garanticen el acceso a aquellas personas con menos recursos económicos y por tanto que más necesitan de la intervención del Estado, entre las que destacan las personas jóvenes.

    Contexto valenciano

    Actualmente la tasa de emancipación entre la población joven entre 16 y 29 años del País Valenciano se sitúa en un 19%, este alarmante porcentaje no deja de ser uno de los indicativos de la precariedad laboral que padece la juventud, la cual acaba por traducirse en graves dificultades para abandonar el hogar familiar y diferentes consecuencias negativas de desarrollo personal y social.

    Aquellas personas jóvenes que logran acceder a un alquiler, destinan en Alicante y Valencia entre un 30% y un 40% de su salario neto, siendo la cifra en Castellón algo menor, entre un 20% y un 30%. Estos no son porcentajes nada alentadores para una juventud que cada vez tiene que destinar más salario a pagar una vivienda en la mayoría de ocasiones compartida.

    Pero la falta de acceso a la vivienda no es solo un problema que sufra la juventud, afecta a amplios sectores de la población y se agrava ante el aumento del precio en nuestra comunidad en el último año en un 3,6% según el INE y que no se ha interrumpido desde antes de la crisis.

    El encarecimiento de los precios de compra y de los alquileres de los últimos años está excluyendo a gran parte de la ciudadanía valenciana de un derecho básico para todas las personas, por lo que ambos sindicatos urgen a implementar estas medidas.

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