Comisiones Obreras del País Valenciano | 11 octubre 2026.

CCOO PV exige medidas urgentes ante el colapso de la jurisdicción social y solicita una reunión a la Conselleria

    El sindicato denuncia la demora de los juzgados de lo Social en el País Valencià y el impacto económico y humano que ello supone sobre las personas trabajadoras, que acuden a estos tribunales en defensa de sus derechos laborales.

    15/09/2026.
    Ciutat de la Justícia de València.

    Ciutat de la Justícia de València.

    CCOO PV ha entregado un documento a la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, en el que le expone la grave situación que atraviesan los juzgados de lo Social en el País Valencià. El sindicato le ha solicitado formalmente una reunión urgente para abordar las posibles soluciones.

    La parálisis de esta jurisdicción, la encargada de velar por los derechos laborales, obliga a la clase trabajadora a esperar años para cobrar una indemnización, resolver un despido o reclamar derechos fundamentales. Situaciones cruciales que, cuando acaban en conflicto, deberían encontrar en la justicia una respuesta rápida.

    El secretario de Acción Sindical de CCOO PV, Antonio Inarejos, afirma que en el País Valencià la justicia laboral está “colapsada” y la espera para resolver un procedimiento “vulnera los derechos más elementales”. Así lo reflejan los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre de 2026. Las cifras confirman un retraso estructural grave en la jurisdicción social y sitúan al País Valencià al frente de la congestión judicial en España.

    Basta con observar la tasa de pendencia, el indicador que mide la cantidad de juicios pendientes acumulados en relación con los que el juzgado ha resuelto. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de pendencia en lo Social en el País Valencià se ha disparado hasta el 5,39, muy por encima de la media estatal, que se sitúa en el 4,33.

    “Detrás de estos indicadores hay un impacto humano y económico demoledor. No podemos normalizar que reclamar un salario, una prestación, una incapacidad, un despido, horas extras no abonadas o un derecho fundamental suponga esperar meses o años", apunta Inarejos. Esta lentitud extrema juega siempre a favor de la parte empresarial, pues ante la perspectiva de un litigio interminable y la urgencia de subsistir, el trabajador o la trabajadora se ve forzado a firmar soluciones negociadas a la baja en las conciliaciones, renunciando a parte del dinero o de los derechos que legítimamente le corresponden.

    Inversión presupuestaria y refuerzo de plantillas

    En la carta dirigida a la consellera de Justicia, CCOO PV recuerda que la tutela judicial efectiva y sin dilaciones indebidas es un derecho constitucional básico (Artículo 24.2 de la Constitución Española). El sindicato urge a la celebración de la reunión solicitada para exigir la puesta en marcha de un plan de choque urgente, con inversión presupuestaria real y un refuerzo inmediato de las plantillas en los juzgados de lo Social.

    CCOO PV considera que buena parte de las disfunciones mencionadas guarda relación con la insuficiencia de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, competencia en este caso de la Generalitat Valenciana.

    “Proteger a la clase trabajadora no es una opción: es una prioridad democrática, social y presupuestaria que no admite un solo día más de demora. Cuando la justicia es lenta, deja de ser justa y abandona a la parte más débil de la relación laboral”, concluye Antonio Inarejos.