Comisiones Obreras del País Valenciano | 11 octubre 2026.

El Consell rebaja vía decreto la exigencia de calidad que deben cumplir los centros y servicios sociales en favor del sector privado

    “El Consell ha desaprovechado la oportunidad de consolidar un modelo de servicios sociales público de calidad y centrado en las personas para aprobar una regulación imprecisa que facilita el incumplimiento de requisitos y abre la puerta a un mayor deterioro de las condiciones de atención” Ana Belén Montero.

    09/09/2026.
    Movilización en defensa de la calidad de los servicios sociales públicos. Archivo propio

    Movilización en defensa de la calidad de los servicios sociales públicos. Archivo propio

    El Gobierno valenciano ha decidido enterrar un decreto, el 27/2023, que había supuesto un avance en la ordenación del sistema, para sustituirlo por una regulación mucho más imprecisa, que deja fuera del propio decreto cuestiones esenciales y las remite a futuras órdenes de la Conselleria.

    La aprobación definitiva del nuevo decreto de tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, lejos de consolidar los avances negociados con el sindicato y acordados en la regulación anterior, supone un grave retroceso en las garantías de calidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

    No se trataría de una simple modificación técnica ni una actualización normativa, sino de un cambio de modelo. “El Consell ha optado por rebajar las exigencias que deben cumplir los centros y servicios sociales en lugar de garantizar unas condiciones homogéneas y exigentes para todo el sistema” denuncia la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero.

    Uno de los aspectos que más preocupa al sindicato es el relativo a los centros residenciales. Frente a una regulación que avanzaba hacia modelos de menor tamaño y unidades de convivencia más reducidas, el nuevo decreto deja el número máximo de plazas vinculado a cada sector y permite que esos máximos puedan modificarse excepcionalmente. Esta fórmula introduce un importante margen de discrecionalidad y puede favorecer el crecimiento de centros de mayor tamaño, alejándose de un modelo residencial basado en la proximidad, la convivencia y la atención personalizada.

    La cuestión no es solamente cuántas personas caben en una residencia, sino qué modelo de atención se está construyendo. Cuando se incrementa la capacidad de los centros sin garantizar al mismo tiempo unas plantillas suficientes, unas ratios adecuadas y unas condiciones de atención exigentes, el resultado es inevitable: más personas atendidas por los mismos profesionales, mayor sobrecarga laboral y menor capacidad para prestar una atención individualizada.

    “El Consell está convirtiendo la desregulación en una forma de hacer política en materia de servicios sociales y quienes pagan las consecuencias son las personas mayores, menores, adolescentes, personas con discapacidad o en situación de dependencia y, en general, quienes dependen de la red pública de servicios sociales” lamenta la responsable sindical.

    Otro de los retrocesos denunciados por CCOO PV es la pérdida de peso de recursos orientados a la vida independiente y la inclusión comunitaria, frente a fórmulas que pueden favorecer modelos más segregadores. El sindicato considera que la política de servicios sociales debería avanzar hacia viviendas y recursos de convivencia integrados en la comunidad, no hacia modelos que concentren y separen a las personas vulnerables.

    Asimismo, la organización sindical rechaza la falta de una apuesta inequívoca por la provisión pública de los servicios sociales, ya que considera imprescindible “que la norma garantice el carácter público del sistema y establezca con claridad qué servicios deben ser prestados directamente por la administración, evitando que la externalización y la gestión privada se conviertan en la vía ordinaria para atender derechos sociales”.

    Respecto a las unidades de igualdad, la norma profundiza en un debilitamiento especialmente alarmante mediante la eliminación de funciones esenciales para la prevención, detección y derivación de víctimas de violencia de género. “No es un cambio menor, supone desproteger a las mujeres y debilitar la respuesta pública frente a las violencias machistas” denuncia la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social.

    El nuevo modelo responde a una lógica de flexibilización de las exigencias de adaptación de los centros públicos, ampliando los plazos para su autorización y eliminando mecanismos de asistencia técnica que anteriormente estaban previstos para facilitar a las entidades locales el cumplimiento de las condiciones exigidas.

    CCOO PV reivindica que la calidad de prestación no pueda ser una opción ni depender de la voluntad de cada empresa o de futuras decisiones de la Conselleria. Las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho a recibir la misma atención y a contar con las mismas garantías con independencia de quién gestione el recurso.

    Finalmente, el sindicato cuestiona la visión complaciente del nuevo decreto presentada por el Gobierno valenciano, según el cual supone un avance en la organización y planificación del sistema, cuando la realidad es que se ha sustituido una regulación más estructurada y garantista por otra parece diseñada para facilitar la actividad de los operadores privados.

    “Los servicios sociales no son un negocio ni un sector cualquiera, son un derecho y una pieza esencial del Estado de bienestar” recuerda Montero. Por todo ello, CCOO PV reclama al Gobierno valenciano “que revierta esta deriva y que cualquier desarrollo posterior del decreto se haga garantizando plantillas suficientes, ratios adecuadas, condiciones laborales dignas, responsabilidad pública y estándares de calidad exigibles para todos los centros y servicios”.