Acceder a una vivienda en alquiler en Alicante Benidorm o Dénia implica destinar más de la mitad del salario —entre el 60% y el 90% en el caso de la juventud— lo que convierte a los trabajadores y trabajadoras en pobres con empleo. Para cumplir la recomendación de no superar el 30% del salario en alquiler, se necesitarían ingresos de 3.600 € netos en Alicante, donde el alquiler medio ya alcanza los 1.130 €/mes.

En cuanto a la compra, los precios han aumentado notablemente en un año: Alicante: +14,3%; Benidorm: +15,4%; Dénia: +13,8%. Lejos de frenar la demanda, este incremento ha cambiado el perfil del comprador: en 2024 se registraron 20.169 compras por parte de extranjeros no residentes en la provincia, con un 70% de operaciones al contado. Esta competencia desleal desplaza a la clase trabajadora local y acelera la gentrificación de barrios y ciudades.

Datos salarios frente a alquiler medio

Ante el grave impacto que está teniendo en nuestras ciudades, CCOO l’Alacantí- les Marines hemos realizado un informe amplio a fin de denunciar que mientras miles de familias no pueden acceder a una vivienda, existen más de 50.000 viviendas vacías en las tres comarcas. Esta cifra, además, está subestimada en los registros oficiales: el INE no contabiliza viviendas de uso estacional ni propiedades retenidas especulativamente. En Dénia, el INE reconoce 3.456 viviendas vacías, pero los datos municipales revelan entre 5.200 y 5.800; en Benidorm, la diferencia supera las 4.000 viviendas no contabilizadas mientras que en Alicante, la brecha alcanza más de 5.000.

Mientras, la oferta de Vivienda de Protección Oficial (VPO) es muy deficiente: solo 625 viviendas en toda la zona. Las ratios son escandalosas:

Datos Vivienda Vacias y oferta de VPO 

Esta situación no es casual, sino el resultado de un modelo especulativo planificado que prioriza la vivienda como inversión frente al derecho, vulnerando el artículo 47 de la Constitución Española y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La primera consecuencia es clara: la expulsión de la clase trabajadora de sus barrios. El proceso de turistificación de la economía de esta zona genera una profunda gentrificación. Este proceso en las tres comarcas ha evolucionado desde el modelo de segundas residencias de turismo nacional en los años sesenta, al turismo de masas extranjero y, en la actualidad, la intensificación con plataformas de alquiler vacacional (tipo Airbnb). El resultado es una gentrifricación acelerada que ha disparado el precio de la vivienda, ha erosionado el tejido comunitario y ha dividido la ciudad entre zonas de ocio turístico y áreas de exclusión para la clase trabajadora local. Reconocer esta situación no tiene que ver con la turismofobia.

Este modelo productivo no solo mercantiliza la vivienda, sino que reorganiza la vida social y genera una doble vulnerabilidad: económica, por depender de un sector estacional, y social, al convertir un derecho básico en una mercancía inalcanzable para quienes sostienen el territorio.

Respuesta institucional es insuficiente. A nivel estatal echamos de menos una regulación específica para las VUT. La única intervención reciente (Ley 12/2023) exige autorización vecinal para nuevas VUT, una medida que transfiere al ámbito privado un conflicto estructural sin abordar la especulación.

El proceso en Alicante ejemplifica cómo la acción municipal ha ido a remolque de la movilización vecinal. Tras un informe municipal que restaba gravedad al problema (2022), la presión de plataformas como 'Alicante, ¿dónde vas?' y la lucha del Sindicat de Barri de Carolines contra los desahucios forzaron una primera moratoria. Esta fue criticada por excluir los bloques, un vacío que se mantuvo hasta que el cierre de la librería 80 Mundos (un espacio cultural con 40 años de historia) actuó como catalizador social y mediático, impulsando una nueva propuesta que, a finales de 2025, incorporaba por fin los bloques. El caso demuestra que cada avance normativo ha sido una concesión arrancada por la ciudadanía, no el fruto de una política pública anticipada.

La demora y laxitud de regulatoria ha favorecido un mercado irregular de VUT (viviendas de uso turístico) que dificulta disponer de datos reales. Basándonos en diversos estudios estimamos que en las zonas costeras hay entre un 20 y un 40% más de VUT que las registradas y en las zonas de baja presión entre un 10 y un 20%, lo que encaja con las bajas de las VUT irregulares detectadas por la Generalitat.

El proceso de turistificación / gentrificación en l’Alacantí, la Marina Baixa y la Marina Alta presenta impactos que trascienden el mercado de la vivienda, implicando el empleo, la cohesión social, la cultura y el territorio: La presión turística dispara el precio de los alquileres y la compra, expulsando a las familias trabajadoras hacia la periferia o municipios colindantes, provocando la pérdida del comercio de proximidad y la transformación urbana; impacta en el empleo dada la dependencia del modelo de turismo estacional y precario con bajos salarios y economía sumergida lo que, junto a la expulsión de trabajadoras y trabajadoras de sus barrios, dificulta la disponibilidad para responder a ofertas de trabajo.

Hay que destacar, los barrios sufren un proceso de erosión identitaria y cultural, la llegada de turistas de corta o muy corta estancia y residentes foráneos modifican el carácter de la ciudad y se desdibuja la identidad propia convirtiendo los barrios en parques temáticos. Por otro lado, hay un impacto educativo y fuga de talento, se desarticula el tejido asociativo vecinal, además del impacto ecológico y la presión sobre los recursos y servicios.

Las políticas se han basado en un enfoque inmobiliario-especulativo que ignoran el derecho a la vivienda. A nivel internacional encaja con el sistemático desmantelamiento del modelo de bienestar de posguerra y su sustitución por el paradigma neoliberal: desmantelamiento del parque de vivienda mediante privatizaciones y recortes; promoción de la propiedad privada mediante el crédito masivo y la transformación de la vivienda de un derecho social en un activo financiero global.

El estudio presentado por el sindicato realiza una comparación entre otros modelos de políticas públicas de vivienda y demuestra la falsedad de que la regulación pública ahoga el mercado y nos señala que la solución a la crisis estructural de la vivienda no pasa por medidas tímidas ni por subsidiar la demanda o por incentivos al sector privado. La salida requiere de políticas públicas valientes, con visión de Estado. 

Propuestas de CCOO para revertir esta crisis social

Desde CCOO AM planteamos medidas urgentes y estructurales orientadas a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Entre otras que se presentan en el estudio:

- Marco regulatorio que priorice el uso residencial sobre el turístico en el conjunto del parque de vivienda, empezando por adoptar una moratoria inmediata para toda nueva licencia de VUT. Es necesario implementar un plan de transición hacia el alquiler residencial de larga duración. 

- Regulación de los precios de la vivienda. Es imperativo establecer mecanismos de control que desvinculen el precio del alquiler de la dinámica especulativa, mediante la aplicación de índices de referencia públicos y objetivos siguiendo modelos eficaces como el Mietspiegel alemán o el sistema de puntos neerlandés.

- Plan de choque para la expansión del parque público de vivienda en alquiler. Demandamos un compromiso político y presupuestario para la adquisición y rehabilitación de viviendas de titularidad pública y protegida destinadas a alquiler social con rentas asequibles (que no superen el 30% de la renta media) y con contratos de carácter indefinido.

- Refuerzo de la inspección y los canales de denuncia en materia de vivienda. Los ayuntamientos deben dotarse de personal técnico e inspector suficiente que actúen de oficio y, a la vez, crear canales ágiles, accesibles y con protección efectiva para la denuncia vecinal.

. Incremento sustancial de los medios de la Inspección de Trabajo para erradicar la economía sumergida y garantizar empleo estable y con derechos.

- Apuesta estratégica por la reindustrialización sostenible y la diversificación económica para reducir la peligrosa dependencia del monocultivo turístico. 

- Establecimiento de una tasa turística que grave las pernoctaciones turísticas.

Estas reivindicaciones no son una lista de deseos, sino la hoja de ruta mínima, urgente y viable para revertir la crisis social y construir unas comarcas donde el derecho a la vivienda y a un empleo digno dejen de ser una quimera para la clase trabajadora. Su implementación requiere voluntad política, coraje para enfrentar los intereses especulativos y la firme determinación de priorizar el bien común y el futuro del territorio. CCOO l’Alacantí-les Marines se compromete a trabajar por estas medidas en todos los ámbitos del diálogo social y la acción política.

Acto público en la librería 80 Mundos

El informe se ha presentado en un acto público en la muy simbólica librería 80 Mundos que se ha contado, en primer lugar con Mary Cueva Garcés, la responsable de la Secretaría de Jóvenes, Formación y Acción Sindical de CCOO AM, que ha presentado el estudio concreto y su orientación a mostrar la relación de la escalada de precios inmobiliarios con la calidad del empleo y los salario y con el monocultivo turístico de masas.

En la mesa redonda posterior se pone de manifiesto la necesidad de recoger estadística y socialmente la situación de la vivienda, la turistificación y la gentrificación en nuestras ciudades. Alejandro Mantecón, doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad de Alicante explica que la dependencia del turismo de las dinámicas inmobiliarias y viceversa se inició hace setenta años y se inició con el impulso desarrollista del franquismo que nos ha traído a la actualidad y que creó las dinámicas que hoy contemplamos fortalecidas.

Por su parte, Guadalimar Navarro Ródenas de la asociación 'Alicante, ¿dónde vas?' explica el nacimiento de su asociación en la que desde la primeras asambleas se detecta el enfado de la ciudad con un equipo de gobierno que ante la profunda transformación de la ciudad a espaldas de su ciudadanía, ignora a esta y deja hacer al negocio de la industria inmobiliaria. Este enfado hace que la movilización social, que es, en realidad, la que ha forzado las pocas medidas que se han tomado, surgiera desde el principio y en pocas semanas, se organizó la primera de muchas manifestaciones.

También participa en la mesa redonda Pedro Irles, creador audiovisual y premiado comunicador alicantino, que hace referencia a combatir las mentiras que se difunden con esta situación. La primera: Alicante no vive del turismo, es el turismo el que vive de Alicante, Irles insiste en que la gente que conoce vive de su fuerza de trabajo en condiciones de precariedad y sin derechos. Además, pone de manifiesto que los grandes beneficios del turismo no se quedan en Alicante, se los llevan las fortunas hoteleras que están detrás de la industria turística. Pedro insiste en una posición de resistencia: No nos van a echar de Alicante.

Al acto han asistido representantes municipales de los principales partidos de la oposición en Alicante PSOE, Compromís y EU. También un buen número de entidades sociales movilizadas con este tema como el Sindicat de Vivienda de Carolinas.