Comisiones Obreras del País Valenciano | 12 febrero 2026.

Respuestas para la crisis de la vivienda: el mayor desafío para la clase trabajadora

    CCOO ha celebrado hoy en la Universitat de València el panel temático 'Vivienda_Respuestas', para abordar, desde el análilsis y las propuestas, soluciones para atajar uno de los grandes problemas que afectan a la población y que está aumentado las situaciones de exclusión social. Personas expertas en políticas públicas de vivienda y sindicalistas de CCOO han participado en el debate. 

    26/01/2026.
    Inauguración de la jornada, a cargo de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre.

    Inauguración de la jornada, a cargo de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre.

    En la presentación de la jornada, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha afirmado que el acceso a la vivienda es “un desafío” que condiciona de forma directa los proyectos vitales de millones de personas y que incide en la igualdad de oportunidades. Un problema que, desgraciadamente, afecta de manera especial a la población joven. Mestre ha destacado la tardía edad de emancipación en España, (situada en 30,4 años, frente a una media europea de 26,3 años) y ha indicado que el 60,6 % de la juventud española sigue viviendo con sus progenitores. 

    Por ello, ha agradecido a CCOO la organización de este panel de análisis y su trabajo para situar la vivienda y otros derechos de las personas como una cuestión central en la agenda social. “Desde nuestra universidad defendemos que el acceso a una vivienda digna debe ser un derecho de las personas. Es una cuestión de justicia social”, ha concluido la rectora de la UV.

    El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha comenzado su intervención lamentando que la vivienda en España se haya constituido como un bien de mercado. Bravo ha descrito el panorama actual, con un insuficiente parque de vivienda social para personas más vulnerables y asequibles para el conjunto de la población y con un proceso de incremento de precios que no ha acabado. “En este país, tres de cada cuatro euros que se ahorran se dedican a vivienda. Por tanto, o modificamos la estructura de ahorro y orientamos que se dedique a algo distinto a la vivienda o tenemos una presión, que genera desigualdad y exclusión”. 

    Pero, ¿cómo está afectando a las personas esta situación? La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha apuntado a proyectos de vida que no se pueden desarrollar cuando el empleo no da para poder acceder a una vivienda, “con el retraso de decisiones vitales como la emancipación, la maternidad o paternidad, la estabilidad personal o el desarrollo profesional”. García a apuntado a la afectación que ello tiene en el aspecto demográfico en ciudades como Valencia, donde se está perdiendo población trabajadora joven y, a medio plazo, las consecuencias serán el desequilibrio social y la pérdida de tejido comunitario, por no hablar del impacto en la salud mental de la ciudadanía. 

    La secretaria general de CCOO PV ha lamentado que las políticas de vivienda no son hoy una prioridad para el Gobierno Valenciano. Por el contrario, la tendencia del Consell actual es a reducir el presupuesto de la Generalitat destinado a vivienda. CCOO PV reclama financiación suficiente para políticas públicas y que se cuente con los agentes sociales para diseñarlas, puesto que no se están abriendo las mesas de diálogo para este tema. García ha reclamado medidas como la rehabilitación de vivienda vacía, en el País Valenciano hay en torno a 500.000, y ha apuntado a un dato significativo: en los municipios afectados de la dana es donde más ha subido el precio de la vivienda nivel provincial. 

    El director gerente de la sociedad pública de vivienda y urbanismo de Navarra (Nasunvisa), Javier Burón, considera que principal problema de las políticas públicas de vivienda, es el dinero. “Si no hay presupuesto es imposible hacer políticas públicas de vivienda. Hay una sensación de que no es una competencia autonómica, que lo es, porque, en general, no se sienten muy obligadas a tener presupuesto”. 

    Para Burón, una buena parte de las administraciones públicas están apuntando en la mala dirección, que se niegan a aplicar medidas como las zonas de mercado tensionado para limitar los precios, reformas fiscales para frenar la especulación, para reducir el ‘rentismo’, ayudas para el pago del alquiler, limitaciones a la compra en ciertas zonas del territorio, etc. Por otro lado, una parte de la administración si está apuntando en direcciones que son más europeas, más correctas, pero con una falta de recursos y con una dificultad en ir dando pasos.  

    Por su parte, la directora general de la asociación Provivienda, Gema Gallardo, ha puesto sobre la mesa el incremento de la vulnerabilidad residencial. Desde su asociación observan cómo la población con menos recursos se está desplazando hacia las zonas metropolitanas, lejos de donde suelen estar los recursos, los servicios y los puestso de trabajo. Además, ha denunciado la discriminación directa que ejercen las agencias inmobiliarias hacia las personas más vulnerables: población joven, migrante pero también familias con hijos. 

    “Está aumentando las situaciones de exclusión residencial severa, sobre todo en familias con menores que se están quedando sin vivienda”, ha afirmado Gallardo, que apunta también a que el sistema público de servicios sociales no tiene recursos preparados para atender a familias, porque tradicionalmente los recursos vinculados a la vivienda y al sinhogarismo se han hecho para personas solas. 

    ¿Cuáles son las claves para conseguir que la vivienda en alquiler o en propiedad tenga un precio verdaderamente asequible?  La propuesta que CCOO ha puesto encima de la mesa es actuar sobre toda la cadena: abaratar los márgenes con los que se trabajan, conseguir suelo gratuito en cesión de uso por periodos largos de tiempo y captar ahorro a una retribución baja, pero con garantía pública en el retorno. 

    El responsable de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, estima que se necesita entre un punto y un punto y medio del PIB cada año, esto es de 16.000 mil y 24.000 millones de euros al año, para dedicar a vivienda de promoción de gestión pública, de carácter permanente y durante un periodo sostenido de tiempo de 10-15 años para conseguir el parque de vivienda pública que deberíamos tener, que hoy en España es un tercio del que tienen los países de nuestro entorno. “Estas son las medidas de estables y permanentes en el tiempo que se tienen que producir y de las que estamos muy lejos en este momento”.