Comisiones Obreras del País Valenciano | 10 noviembre 2025.

CCOO PV considera que un año después de la dana continúan las heridas abiertas

    El sindicato hace un balance crítico de la gestión de la catástrofe que hace un año asoló la provincia de Valencia “y de la que todavía no nos hemos recuperado”. Aunque se atendió lo más urgente, el sindicato subraya que la sociedad valenciana no puede "pasar página" sin una asunción de responsabilidades políticas.

    28/10/2025.
    El sindicato hace un balance crítico de la gestión de la catástrofe que hace un año asoló la provincia de Valencia.

    El sindicato hace un balance crítico de la gestión de la catástrofe que hace un año asoló la provincia de Valencia.

    El escudo laboral de los ERTE

    CCOO reclamó en su momento la activación inmediata de los mecanismos de protección laboral y social, incluyendo los ERTE por fuerza mayor y la declaración de zona catastrófica. Este proceso volvió a demostrar que el diálogo social es una herramienta eficaz para gestionar crisis y emergencias. Las cifras confirman la magnitud y la rapidez de la respuesta institucional en el ámbito laboral, algo crucial para que las miles de personas trabajadoras no perdieran sus ingresos y su empleo, actuando como un verdadero "escudo laboral".

    Desde el 29 de octubre hasta el 29 de mayo se presentaron 3.339 solicitudes de ERTE por fuerza mayor como consecuencia directa de la dana, afectando a 33.794 personas trabajadoras. El pico de personas perceptoras de estas ayudas se alcanzó entre noviembre y enero, sumando un acumulado de 25.242 beneficiarios hasta el 31 de enero. La práctica totalidad se registró en la provincia de Valencia. La figura del ERTE por fuerza mayor resultó ser una herramienta de estabilidad clave, permitiendo gestionar la pérdida de actividad de miles de empresas sin incurrir en despidos masivos, ya que solo se solicitaron 61 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectaron a 334 personas.

    La nefasta gestión

    Sin embargo, si analizamos más allá del ámbito laboral, CCOO PV considera que no se ha dado todavía la asunción de responsabilidades políticas, “lo que hace muy difícil que la sociedad valenciana pueda pasar página, y mucho más, las personas que han perdido a familiares por una gestión que a todas luces, se ha visto que fue deficiente”. De hecho, manifiestan que con los mismos protocolos y procedimientos, en alertas posteriores se ha avisado con antelación a la ciudadanía, “porque lo primordial es proteger la vida”.

    Ana García Alcolea, secretaria general de CCOO PV, piensa que la herida emocional perdurará. Destaca que todavía cientos de personas mayores y con discapacidad siguen sin poder salir de sus hogares debido a que los ascensores de sus edificios continúan fuera de servicio. “La falta de seguro en algunas comunidades no puede ser la excusa que utilice la Generalitat, porque nuestros impuestos están para eso, para dar la ayuda necesaria a las personas más vulnerables”.

    Además de los problemas de accesibilidad, García manifiesta que la situación habitacional sigue siendo crítica, con cientos de familias desplazadas de sus viviendas y reubicadas temporalmente. Las ayudas al pago del alquiler resultan insuficientes ante las enormes dificultades que encuentran para conseguir alquileres asequibles y dignos en sus municipios tras la catástrofe.

    Demanda de servicios públicos robustos

    Las consecuencias de la dana en la salud mental son "profundas y duraderas", con un aumento de casos de ansiedad, depresión, problemas de sueño, estrés postraumático y duelos no resueltos, agravados por la pérdida de familiares, hogares y trabajos. Esta situación se suma a un déficit estructural previo en los servicios de salud mental y atención psicosocial, que se manifiesta en listas de espera prolongadas y escasez de profesionales. 

    CCOO PV urge a garantizar el derecho a la salud de todas las personas afectadas mediante un "refuerzo sólido de los servicios públicos" que sea capaz de atender el aumento de la demanda y corregir el déficit estructural del sistema que adolece desde hace décadas. Se requiere también que estos sistemas de protección social sean robustos, con protocolos planificados para desastres y una respuesta coordinada entre administraciones para agilizar las ayudas sociales y de emergencia.

    Avance histórico en migraciones 

    La propuesta de CCOO ante la Secretaría de Estado de Migraciones se materializó en un paquete de medidas extraordinarias para garantizar la seguridad jurídica de la población migrante afectada. El primer eje de las medidas estaba dirigido a personas en situación irregular. Se concedió una autorización de residencia y trabajo por un año a quienes estuvieran empadronados o con cita en municipios afectados. Este proceso culminó con 28.974 solicitudes resueltas de forma favorable, confirmando la gran utilidad social de la medida. El segundo eje, centrado en garantías de continuidad y seguridad jurídica, incluyó la prórroga o renovación automática y gratuita de autorizaciones que expiraban, así como la validez asegurada de permisos supeditados al alta en la Seguridad Social. En conjunto, se resolvieron un total de 35.178 solicitudes de manera favorable, frente a 5.228 desfavorables.

    Pese a este "avance histórico", CCOO PV denunció que la insuficiencia de medios humanos y materiales forzó a las personas a "largas esperas, generando inseguridad e incertidumbre prolongada", lo que incluso llevó a la pérdida de permisos y empleos. Por lo tanto, continúa reclamando una reforma estructural urgente para reforzar el personal y los recursos, al considerar el colapso como una forma de "discriminación institucional".

    Daños culturales 

    La evaluación del sector cultural fue compleja debido a su naturaleza "altamente atomizada". Infraestructuras críticas, como las bibliotecas de Aldaia o Paiporta, y auditorios como los de Catarroja o Guadassuar, quedaron parcial o totalmente inutilizadas. Empresas privadas como librerías y distribuidoras tardaron entre tres o cuatro meses en reabrir o, en algunos casos, aún no lo han podido hacer.

    Los estudios preliminares muestran un severo impacto económico. Se estima que las pérdidas de activos para las empresas culturales afectadas alcanzan los 13,7 millones de euros, mientras que la pérdida de facturación prevista para noviembre y diciembre de 2024 se estima en 3,5 millones de euros. Aproximadamente 800 puestos de trabajo del sector se vieron afectados, con una pérdida de empleo del 7% en la "zona cero". CCOO PV estima que "no se habrá recuperado ni el 35% de los activos afectados".

    La gestión de las ayudas se vio entorpecida por el colapso de los ayuntamientos, cuyo personal estaba "totalmente desbordado". Los técnicos culturales municipales, por ejemplo, carecían a menudo de despacho de trabajo. Esta situación dificultó la gestión de ayudas del Ministerio de Cultura y la realización de estudios específicos de daños. 

    Ante este panorama, el sindicato concluye que es fundamental reforzar los servicios municipales públicos con dotación específica de personal para la realización de proyectos, estudios de necesidades y la gestión diaria. Además, considera imprescindible apoyar al sector cultural para evitar su precariedad y contribuir a su crecimiento como tejido económico autóctono. Finalmente, es necesario "establecer un organismo de coordinación" de las acciones entre todas las administraciones públicas (Ministerio, Generalitat, Diputación y Ayuntamientos) para optimizar la gestión y atender las necesidades específicas de cada contexto.

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