Comisiones Obreras del País Valenciano | 10 noviembre 2025.

El Ayuntamiento de Elche inventa trabas para no pagar facturas de las ayudas sociales a su plantilla

  • El consistorio ilicitano vuelve a dar la espalda a su personal municipal

CCOO denuncia que tras semanas de titulares sobre su frágil situación económica, recortes de partidas y aplazamientos de pagos de productividad, el gobierno local ha decidido castigar a su propio personal recortando derechos y torpedeando un programa de ayudas sociales que nació del diálogo entre los sindicatos y los anteriores gobiernos progresistas.

20/10/2025.
Fachada del Ayuntamiento de Elche, publicada en la web municipal

Fachada del Ayuntamiento de Elche, publicada en la web municipal

Las ayudas, de entre 120 y 300 euros por persona, se conceden cada año para sufragar gastos médicos y de bienestar —odontología, oftalmología, fisioterapia, ortopedia o tratamientos psicológicos—, y representan un pequeño pero importante apoyo a las familias de los empleados públicos. "No son un privilegio: son fruto de la negociación colectiva y del compromiso social alcanzado tras años de recortes y retrocesos" defienden. Sin embargo, este año el Ayuntamiento, de forma unilateral y sin negociación con los sindicatos, ha modificado los criterios y endurecido el procedimiento de solicitud.

El consistorio ha recortado en casi un mes el plazo de presentación, adelantando la fecha y reduciendo el margen que el personal tenía para generar gastos médicos, que durante nueve años se había mantenido inalterado y era hasta la segunda semana de noviembre. En segundo lugar, ha obligado a la presentación presencial de las facturas en Recursos Humanos, en horario restringido de solo dos horas por la mañana y una por la tarde. El personal cuestiona una decición que limita sus posibilidades de solicitud cuando "hay oficinas de la OMAC plenamente operativas y podrían haberse habilitado algunos puestos para atender a las más de mil persona que han tenido que acudir de forma individual, haciendo colas en el Ayuntamiento".

Pero lo más grave es que ha impuesto requisitos ilegales: exigencia de facturas selladas por los profesionales o clínicas que las emiten, y que se entreguen los originales para quedarse con ellos. El Reglamento de Facturación (Real Decreto 1619/2012) es claro: el sello no es un requisito obligatorio para que una factura sea válida, siempre que contenga los datos exigidos por la normativa (número, fecha, identificación de emisor y destinatario, descripción del servicio y base imponible). La obligación impuesta por la dirección de Recursos Humanos carece de sustento legal y puede suponer una extralimitación administrativa que deje fuera a centenares de trabajadores. "Un ayuntamiento como el de Elche, que aspira a un nivel de calidad en su dirección, no se puede permitir semejante atropello", lamentan.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV denuncia que estas decisiones no son casuales, sino una estrategia deliberada de desgaste y desincentivo. "El objetivo parece claro, ahorrar dinero a costa del cansancio y la desprotección del personal municipal, empujando a muchos empleados y empleadas a desistir de solicitar una ayuda que les corresponde por derecho. Mientras el gobierno local improvisa recortes y busca excusas para justificar su mala gestión económica, los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento continúan sacando adelante los servicios públicos y resolviendo los problemas derivados incluso del reciente ciberataque. La plantilla municipal merece respeto, diálogo y soluciones reales, no imposiciones arbitrarias ni obstáculos innecesarios" sostienen.

Por todo ello, CCOO exige la rectificación inmediata de los criterios de tramitación, la ampliación del plazo de presentación, la admisión de facturas digitales y la devolución de todas las facturas originales indebidamente retenidas. Además, ahora que ha finalizado el plazo de presentación, el sindicato exige que el Ayuntamiento rectifique y en el período de subsanación permita corregir las deficiencias provocadas por su propia desorganización y errores de gestión.

"Porque las ayudas sociales no son un capricho: son un derecho conquistado. Y los empleados públicos de Elche no son el problema —son quienes cada día sostienen la ciudad pese a las decisiones erráticas de sus gobernantes" concluyen.

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