Comisiones Obreras del País Valenciano | 16 abril 2024.

CCOO PV y UGT PV lamentan que el Gobierno renuncie a garantizar la calidad de la atención a la dependencia

    El Acuerdo de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia, discutido hoy entre Ministerio de Derechos Sociales y CCAA, no ha incluido ninguna propuesta de mejora de la calidad en el empleo, circunstancia inadmisible en un sector altamente precarizado.

    25/05/2022.
    Atención a la dependencia

    Atención a la dependencia

    A pesar del aumento de financiación estatal que está practicando el Gobierno para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, un acuerdo suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, sigue sin cumplirse con el compromiso de condicionarlo a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD. Los principales hacen referencia a la calidad del empleo de sus profesionales, la reducción de la lista de espera o el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas.

    Estamos ante un Acuerdo especialmente relevante en la ordenación del sistema de servicios sociales, concretamente en la atención a la dependencia, puesto que regula las condiciones básicas de empleo que han de cumplir los centros y servicios que operan, tales como las ratios de plantilla (el número de trabajadores/as por persona beneficiaria atendida), la cualificación profesional que deben cumplir las plantillas para garantizar una atención de calidad, garantías mínimas de contratación, como la temporalidad o la jornada.

    Es por ello que debemos lamentar que el Gobierno, presionado por determinados territorios, se haya alejado en el transcurso de las negociaciones de la senda acordada y no haya aprovechado la oportunidad de dar inicio a un cambio de modelo en lo que respecta a la mejora de la calidad del sistema y de las condiciones laborales, contemplando como plazo para la toma de medidas la finalización del año 2023 y, en todo caso, condicionándolas a un adicional incremento de financiación.

    De hecho, especialmente significativo resulta el hecho de que se haya planteado que en los centros residenciales de personas mayores dependientes se deje de exigir un número mínimo de plantilla hasta el 31 de diciembre de 2023, y aún entonces, hasta el año 2029 el requisito fuera inferior al que hoy se exige en la mayoría de comunidades.

    Significativa ha sido la supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación, tanto indefinida como temporal, así como la parcialidad; siendo conscientes del alto índice de precariedad. A su vez, destaca entre todas ellas, la congelación indefinida de las ratios de plantilla en los centros de día para personas mayores dependientes en una persona cuidadora, gerocultora o similar de atención directa por cada 6,7 personas mayores atendidas. Esta cifra se mantiene sin cambio desde 2008 y no ha sido modificada por no disponer el Ministerio de los apoyos suficientes para sacarla adelante.

    Para ambas organizaciones sindicales dicho acuerdo no deja de ser un desincentivo para todas aquellas comunidades como el País Valenciano que apuestan por un cambio de modelo en el que las personas y su correcta atención son el centro de las políticas sociales. Especialmente en un momento en el que se está trabajando, en el marco del diálogo social, en la mejora de ratios mediante el decreto sobre tipología y funcionamiento de los servicios, programas y centros de servicios sociales.

    En este sentido, el Estado debe ser un garante de unos mínimos que permitan una atención de calidad en todas las comunidades autónomas y acompañe a todas aquellas autonomías que tengan la firme voluntad de mejorar dichos mínimos.

    Debemos resaltar que en el País Valenciano la financiación del Estado durante 2021 ha sido del 14,86% (150 millones de euros), mientras que la comunidad ha financiado el 85,14%, que se traduce en 863 millones de euros, lo que ha supuesto una evolución en la inversión autonómica que duplica el crecimiento de la financiación estatal. Esta circunstancia ha permitido incrementar la cobertura del sistema, incorporando un crecimiento de personas beneficias del 13% y consolidándose como el territorio cuya cobertura más ha crecido desde el año 2015, a pesar de que sigue existiendo un déficit a corregir de servicios profesionales. No obstante, para seguir avanzando en esta línea, es necesario continuar abordando la necesaria concreción del plan de choque acordado hace más de un año.

    Por último, UGT PV y CCOO PV consideran fundamental un acuerdo de acreditación que garantice la atención que merecen las más de 125.000 personas en situación de dependencia con derecho reconocido en nuestra comunidad y las del resto del Estado. Asimismo anuncian que elevarán el tono reivindicativo para que todas las administraciones competentes respalden un acuerdo que permita un cambio de modelo que piense en la mejora de las condiciones en el sistema y que repercuta en la situación de personas usuarias y trabajadoras.

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