Comisiones Obreras del País Valenciano | 24 abril 2024.

CCOO PV recibe la visita de Julián Gil, activista del Congreso de los Pueblos de Colombia

    El sindicato refuerza así alianzas de solidaridad y brinda su apoyo a la lucha del pueblo colombiano ante la creciente desigualdad, el aumento de la pobreza y la brutal represión institucional. Gil, que está acogido al Programa valenciano de Protección Integral y Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (València Defensa), está perseguido por su activismo social y su defensa de los derechos humanos.

    19/07/2021.
    Ana Fornés, Javier Moya, Julián Gil, Isabel Barrajón y Catalina Guevara, en el encuentro celebrado hoy en CCOO PV.

    Ana Fornés, Javier Moya, Julián Gil, Isabel Barrajón y Catalina Guevara, en el encuentro celebrado hoy en CCOO PV.

    Con el objetivo de reforzar las alianzas de solidaridad con el pueblo colombiano y ayudar a visibilizar su lucha por la defensa de los derechos humanos, CCOO PV ha recibido hoy la visita de Julián Gil, destacado por su representatividad en sectores juveniles colombianos, perseguido por su activismo social y defensa de los derechos humanos desde REDHER.

    Gil está acogido en el Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - València Defensa. Desde el año 2010, la mayor parte de las organizaciones de REDHER se articulan en el marco del Congreso de los Pueblos, que es un movimiento social y político en el que participan distintos sectores de la sociedad y procesos regionales como organizaciones indígenas, campesinas, urbanas, de mujeres, de jóvenes, estudiantiles, sindicatos, y afrodescendientes.

    En la reunión, además de Julián Gil, han participado la secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de CCOO PV, Isabel Barrajón; la responsable del Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Ayuntamiento de València, Ana Fornés; el representante de CEDSALA, entidad participante en el programa, Javier Moya; y la técnica de la Fundación de CCOO PV Pau i Solidaritat, Catalina Guevara.

    La participación de Julián Gil en el Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - València Defensa, busca visibilizar la persecución política y criminalización que sufren estas personas en Colombia, estrategia utilizada con el fin de debilitar a las organizaciones populares, comunitarias, movimientos sociales y contener el descontento social. El hecho de que no se brinden las garantías al debido proceso y las medidas de aseguramiento, violentan el principio de presunción de inocencia y se plantea como un castigo a su labor, pues se le aparta de su trabajo como defensor de derechos humanos y se priva de la libertad sin que medie sentencia judicial.

    Igualmente se buscará fortalecer la red de apoyo internacional (instituciones europeas, del Estado Español y valencianas, miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, políticos y políticas, movimientos sociales) tanto de Julián Gil como del Congreso de los Pueblos, red que podrá brindar apoyo y presión en caso de nuevas formas de represión en Colombia contra ellos.

    Se calcula que en la actualidad en Colombia existen cerca de 10.000 presas y presos políticos, entre los que se encuentran excombatientes de las insurgencias armadas y presos políticos de conciencia, quienes suman más de 249 personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en los últimos 7 años. Es decir, en promedio, una persona cada 11 días, en su mayoría activistas o participantes de procesos sociales y políticos.

    Violencia institucional

    Desde el pasado 28 de abril, Colombia está viviendo una situación crítica, cuando miles de personas salieron a la calle en el marco del Paro Nacional para rechazar la reforma tributaria planteada por el gobierno de Duque en plena pandemia. Pero también para mostrar el hartazgo del pueblo ante la creciente desigualdad, el aumento de la pobreza y el desempleo, la falta de ingresos mínimos, una nefasta gestión de la pandemia y una violencia institucional que se ha cobrado la vida de cientos de activistas sociales, ex miembros de la guerrilla, sindicalistas o defensoras del medio ambiente.

    A pesar de que la protesta ha sido pacífica, el Gobierno colombiano, mediante el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), la ha reprimido con un uso desproporcionado de la fuerza, con cientos de heridos, muertos, agresiones sexuales, agresiones y abusos físicos y allanamientos. Asimismo, el Gobierno se ha negado sistemáticamente al diálogo respecto del pliego de demandas sociales que ha acompañado al estallido social.

    En este sentido, la comunidad internacional puede jugar un importante papel como mecanismo para la verificación y visibilización de la situación en Colombia y formular un llamamiento al Gobierno Nacional en materia de garantías, de verdad, de justicia y de democracia y diálogo que posibilite solucionar los severos problemas sociales, económicos y de convivencia que sufre el país.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Representante de la Unión Europea, así como diversos Estados de todo el mundo, han condenado la violencia y han hecho un llamamiento para buscar soluciones a través del diálogo entre Gobierno Nacional y los manifestantes.

      •