Comisiones Obreras del País Valenciano | 29 marzo 2024.

El personal de Justicia se ve obligado a permanecer en sus centros mientras el CGPJ decide desde sus casas

    Ante la reapertura el pasado día 20 de la Ciudad de la Justicia de València, sin que se haya producido la debida desinfección de la sede, CCOO le recuerda al CGPJ que los servicios esenciales de la Administración de Justicia se pueden cumplir escrupulosamente sin poner en riesgo la salud laboral. Son las autoridades sanitarias y administrativas las encargadas de determinar las plantillas necesarias a tal efecto.

    23/03/2020.
    CCOO exige a la Administración autonómica que ponga los medios necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras del sector de justicia.

    CCOO exige a la Administración autonómica que ponga los medios necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras del sector de justicia.

    La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV considera que, mientras el colectivo de fiscales, jueces y juezas y letrados y letradas se han dictado su propias normas para hacer teletrabajo y evitar acudir a los juzgados, el Consejo General del Poder Judicial emite un comunicado pegando un rapapolvo a las comunidades autónomas que tienden a hacer lo mismo, manteniendo en situación de completa disponibilidad a una parte de gestores y gestoras, tramitadores y tramitadoras y auxilios judiciales, pero intentando evitar los contagios en los propios centros de trabajo.

    Las consecuencias de este riesgo, que el sindicato califica de absurdo, ya se ha cobrado su precio y, debido a varios positivos, el pasado día 18 tuvo que cesar la actividad y cerrarse la Ciudad de la Justicia de València y algún juzgado de la provincia de Alicante. Tras una supuesta desinfección del edificio, el día 20 se reaunudó la actividad en València, pero tras constatar con la empresa de limpieza que no se había producido de forma completa en todo el edificio, esa misma mañana se iban vaciando juzgados, durante unas horas, para proceder a esa desinfección que se suponía que ya estaba garantizada.

    “Son estas situaciones las que está buscando el CGPJ con su actitud”, han asegurado desde el Sector de Justicia del sindicato, “pero lo que al final van a conseguir es que no haya funcionario o funcionaria sana que pueda prestar esos servicios mínimos esenciales que tanto reivindican desde el sillón de su casa”. CCOO ya informó ayer que los casos de contagio en este colectivo triplican el porcentaje de los que se producen en la población española en general.

    El sindicato asegura que los servicios esenciales estarían perfectamente garantizados con todo el personal de los juzgados de guardia, incluidas las guardias de personas detenidas, incidencias, violencia sobre la mujer y menores. Asegurar el resto de servicios esenciales, en caso de necesidad, sería sumamente sencillo con el resto de personal en sus casas a tan solo una llamada de presentarse rápidamente en sus puestos de trabajo para resolver cualquier asunto que fuera surgiendo.

    El Sector de Justicia de CCOO PV considera que miente el CGPJ cuando dice que los jueces y juezas van a realizar teletrabajo. En cada comunidad autónoma se utiliza un programa distinto para la tramitación de los procedimientos judiciales, al que solo se puede acceder desde los ordenadores de los juzgados y no es posible hacerlo desde su domicilio.

    No comparte que desde el CGPJ se haya pegado un tirón de orejas a las comunidades autónomas, entre ellas a la valenciana, que deja en manos de los letrados y letradas la decisión de que su plantilla esté físicamente en el juzgado o en disponibilidad en sus domicilios. Suspendidos los plazos procesales y establecidos unos servicios esenciales muy concretos, la mayoría de los órganos judiciales simplemente no pueden trabajar. A pesar de eso, el CGPJ se empeña en que siga habiendo presencia de personal en estos órganos, a pesar de que no pueda trabajar y se le exponga sin motivo.

    Por esta razón, CCOO exige a la Administración autonómica que ponga los medios necesarios para garantizar la seguridad de todas y todos sus trabajadores. También le recuerda al Ministerio de Justicia que no puede ponerse en manos del CGPJ y debe asumir sus competencias en coordinación con las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, y que están basadas en poner a disposición de judicatura y fiscalía el personal y los medios materiales necesarios para cumplir su función, “no los que decida el presidente del CGPJ, sino los estrictamente necesarios”. Recuerda que en este estado de alarma, la empresa está obligada a garantizar la salud de su plantilla.