CCOO exige el cumplimiento de la legalidad internacional

    Los pescadores y las doce personas recogidas frente a las costas de Libia siguen esperando desde hace una semana que se les conceda el permiso para amarrar. Ante este abandono por parte del Gobierno, CCOO expresa su enérgica repulsa, dado que contraviene las normas internacionales y olvida el respeto a los derechos humanos más básicos y reclama que se permita el amarre en puerto y promueva una política común de migraciones sobre la base del máximo respeto a los derechos humanos de todos los estados miembro de la Unión Europea

    29/11/2018.
    Buque amarrado

    Buque amarrado

    Hace una semana que, en cumplimiento del derecho marítimo, el pesquero alicantino “Nuestra Madre Loreto” rescató en aguas internacionales a doce migrantes. Desde entonces la tripulación ha asumido su cuidado y protección. Recordemos que el derecho del mar obliga al salvamento de vidas humanas por encima de cualquier otra consideración. Mientras, el Gobierno de España se niega a asumir su responsabilidad.

    Casi seis meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez fuera aplaudido acogiendo al buque Aquarius que transportaba a 629 migrantes rescatados por Sos Mediterranée y Médicos Sin Fronteras, el pesquero Nuestra Madre Loreto y su durísima situación, cuestiona el comportamiento del gobierno español y su política en materia de inmigración. Tanto los pescadores como las doce personas recogidas frente a las costas de Libia siguen esperando que se les conceda el permiso para amarrar. Cada día que pasa la situación es más desesperada: cuentan con víveres, agua potable y combustible para cinco o seis días más y el espacio escasea al ser una embarcación de pesca con poco espacio y todos los aparejos de pesca por la cubierta, donde descansan las personas rescatadas del mar.

    Ante este abandono del pesquero por parte del Gobierno, CCOO expresa su enérgica repulsa, dado que contraviene las normas internacionales y olvida el respeto a los derechos humanos más básicos. El principio fundamental de la no devolución de personas que estén en riesgo de sufrir tratos inhumanos y degradantes no sólo es una obligación legal asumida por nuestras leyes, por los tratados internacionales firmados y ratificados por España, y por nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que constituye, además, un signo manifiesto de civilización y cordura al que ningún país debe ni puede renunciar, salvo que quiera esconderse de sus más elementales y humanas normas de convivencia.

    En opinión de CCOO, resulta inaceptable que el Gobierno español, al igual que en su día hizo el Gobierno de Italia, pretenda hacer creer a la ciudadanía que los puertos de Libia son puertos seguros para las personas migrantes. “La Convención de Ginebra es normativa clara y específica para estos casos: el barco es de bandera española y es obligación y competencia de nuestro Gobierno autorizar su llegada a puerto español, para saber si alguna de las personas migrantes son solicitantes de protección internacional y así, tramitar en tiempo y forma, su correspondiente solicitud”, explica Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones.

    Acogiéndonos al derecho y al sentimiento humanitario, CCOO pedimos al Gobierno español que permita el amarre en puerto del pesquero, atendiendo a las doce personas que salieron de Libia en dos pateras y fueron recogidas por el barco español. “El Gobierno debe recoger la oferta de la Vicepresidencia de la Comunitat Valenciana de acoger con dignidad a las personas rescatadas y salvarles así de una situación desesperada. Ninguna otra opción es aceptable para nuestro sindicato”.

    De todos es conocida la actual situación de Libia: estado fallido, inexistencia de garantías, guerra entre clanes, mercado de esclavos, maltrato generalizado a las personas migrantes. Todas estas situaciones han sido reconocidas por la propia agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Por ello, que el Gobierno de España, que parece estar cambiando su modo de actuar, alejándose de su posición humanitaria mostrada con la acogida del Aquarius, señale como seguro al puerto de Libia es un ejercicio de cinismo e irresponsabilidad para un estado democrático.

    Es imperioso que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación promuevan una política común de migraciones sobre la base del máximo respeto a los derechos humanos y de la solidaridad y compromiso de todos los estados miembro de la Unión Europea. Está en juego un modelo de sociedad europea democrática, que siga defendiendo y protegiendo los derechos humanos y ponga a las personas en la base de las políticas comunitarias.

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