Comisiones Obreras del País Valenciano | 19 abril 2024.

CCOO PV y UGT PV consideran que Isabel Bonig no atiende al mandato constitucional

    La Ley de Participación Institucional supone un reconocimiento formal a la función social que la Constitución Española confiere a los sindicatos y que la Ley Orgánica de Libertad Sindical otorga a los más representativos. La subvención, que de la misma se desprende, va destinada fundamentalmente a compensar los costes derivados de la participación en más de los 600 organismos públicos donde se trabaja para la mejora del marco legal y por la defensa de los intereses de la sociedad valenciana.

    29/11/2017.
    Salvador Navarro (CEV), Ismael Sáez (UGT PV) y Arturo León (CCOO PV).

    Salvador Navarro (CEV), Ismael Sáez (UGT PV) y Arturo León (CCOO PV).

    Es sorprendente, pero todo apunta a que el éxito de la manifestación del 18 de noviembre explica la reacción de Isabel Bonig, que se excluyó a ella y a su partido de la convocatoria de la misma. Solo así podemos entender el “castigo” a las entidades convocantes mediante la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, para que recorten una parte del presupuesto destinado a tareas específicas de la CEV, CCOO PV y UGT-PV.

    Este gesto muestra un alto grado de incoherencia, al actuar contra una ley promovida por su propio partido en la pasada legislatura. Entendemos, por otra parte, que en el PPCV sigue habiendo muchas personas sensatas que valoran el papel constitucional de los sindicatos y la patronal valenciana. Las subvenciones son la compensación por los gastos ocasionados de asistencia a reuniones, preparación de informes, difusión posterior,… todo situado dentro del correcto funcionamiento democrático de un país donde se trabaja desde el conjunto de sus instituciones y con el necesario apoyo de los agentes sociales y económicos.

    Huelga decir, pero las circunstancias nos obligan, que los gastos asociados a esas subvenciones están sujetos al control de la Administración, que audita nuestras cuentas conforme a la Ley General de Subvenciones, como debe ser, cuestión por otra parte, que no se exige tan exhaustivamente a las subvenciones que reciben los partidos políticos. Por ello consideramos que es altamente irresponsable hacer demagogia con quitar estas ayudas para darlas a las personas más vulnerables cuando han sido sus políticas de recortes y normas antisociales las que han incrementado la desigualdad y la exclusión social.

    Además, hay que tener en cuenta que los Presupuestos de este año han reducido ya la partida destinada a la participación institucional, habiéndose destinado una parte a la colaboración, mediante procedimiento de concurrencia competitiva, por lo que creemos que esta enmienda no tiene más sentido que el de un juego político que no beneficia el buen funcionamiento de las instituciones ni el de la sociedad en general.

     

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