Comisiones Obreras del País Valenciano | 29 marzo 2024.

La oferta de la Administración local valenciana cae un 90,3% en el periodo de crisis

    Las limitaciones al empleo público han generado descontrol y precariedad, reduciendo la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. La Generalitat y los ayuntamientos deben exigir al Gobierno la eliminación de la tasa de reposición y un cambio en la legislación que permita cubrir vacantes y garantizar unos servicios de calidad.

    22/11/2016.
    Caída de la oferta

    Caída de la oferta

    CCOO denuncia que desde el comienzo oficial de la crisis económica, cuyas causas tienen su origen en decisiones políticas contrarias a la intervención pública para corregir el modelo productivo, uno de los elementos directamente afectados ha sido el empleo público, que en el País Valenciano ha llegado a suponer una reducción de 1.000 empleos de media por año.

    “La remunicipalización de servicios, la ampliación de los recortados, la adaptación para atender nuevas realidades, demandas sociales o requerimientos de control y transparencia son imposibles si el marco normativo básico sigue asfixiando a la Administración Local” Julio Conesa, sector Administración Local FSC CCOO PV.

    En las administraciones locales las restricciones políticas al empleo, y en concreto al empleo público de carácter permanente (personal laboral indefinido o funcionarios de carrera), han tenido consecuencias nefastas. El análisis de los datos brutos de oferta pública de empleo local (BOP, DOCV, BOE) entre los años 2008 y 2016 permite alcanzar algunas conclusiones en torno a esta cuestión.

    Hasta 2009 se mantiene un impulso inercial del empleo público ofertado sin embargo a partir de ese momento el descenso es sistemático cayendo brutalmente la oferta de empleo hasta alcanzar una reducción del 90,3% en 2016.

    La caída de 2010 coincide con la reducción en el marco de la ley de los PGE (Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de PGE para el año 2010) de la tasa de reposición de efectivos, y una restricción al 15% la incorporación de personal que se ha mantenido e incluso endurecido hasta la actualidad.

    Dentro de esta política de restricciones destaca el ínfimo porcentaje de personas con discapacidad que han podido acceder al empleo público. El artículo 59 EBEP, indica que “en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”, de las 3.859 plazas de la oferta pública acumulada en el periodo de referencia solamente 85 (el 2,2%) se han reservado al turno restringido de personas con discapacidad. Además, la reducción de la tasa de reposición se ceba con este colectivo, ya que desde 2010 solamente 13 plazas han sido reservadas a este colectivo. Y en los últimos tres años ninguna.

    La Administración Local no tiene capacidad legislativa, y su autonomía (aunque predicada constitucionalmente) es realmente menor que la del resto de niveles administrativos básicos. Ello se traduce en la práctica en que los controles coercitivos que sufre, vía supervisión de la Delegación del Gobierno, inciden más en las restricciones normativas al empleo público que en el resto de administraciones territoriales. En definitiva, el nivel de empleo público estable en la Administración Local cae drásticamente sin reponer suficientemente los efectivos necesarios para garantizar la prestación de los servicios mediante empleo de calidad y con independencia y profesionalidad acreditada a través de procedimientos de pública concurrencia y mecanismos selectivos adecuados.

    En los últimos tres años no ha variado la tendencia, y al aumento de precariedad, la privatización de servicios o la reducción por la disminución del empleo público, cabe añadir la dificultad de implementar nuevas (diferentes) políticas públicas como consecuencia de los cambios de equipos de gobierno tras las últimas elecciones locales. Los problemas de envejecimiento de plantillas, falta de relevo (ordenado y con transmisión de conocimiento y experiencia), incumplimiento de plazos o de prestación de servicios cada vez hacen más incompatible la prédica de la cercanía de la administración local al ciudadano y de la eficacia y eficiencia.

    Sobre las alternativas vía privatización y prestación subrogada, los riesgos de sobrecostes por corrupción, inseguridad jurídica, precarización del empleo (mayor vía salarios y condiciones que en el sector público) son de sobra conocidos y demostrados. A juicio de CCOO, el callejón sin salida a que ha llevado la contención presupuestaria vía gastos de personal de la Administración ha sido un error de bulto por diferentes motivos: la reducción no ha atendido a análisis caso a caso sino generalizadamente, no ha habido planificación ni alternativas de gestión (reordenación de efectivos); no se ha considerado la pirámide de edades (tan solo las cifras globales de empleados); es muy discutible la incidencia en la reducción del déficit de este tipo de medidas, más aún si se tienen en cuenta sus consecuencias a largo plazo.