Comisiones Obreras del País Valenciano | 25 abril 2024.

Sanitat debe abordar los contratos en fraude y la consolidación de empleo

    Las últimas sentencias del TJUE obligarán a modificar las políticas de Sanitat con respecto al empleo temporal. El sindicato inicia una campaña de reclamaciones judiciales con el objetivo de acelerar este cambio a través de un proceso negociador.

    26/10/2016.

    Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dan la razón a las peticiones que nuestra federación ha venido manteniendo desde hace años ante varias cuestiones que afectan al tratamiento que la Conselleria de Sanidad da al empleo temporal. Se trata de sentencias -de obligado cumplimiento- que hacen referencia a la no discriminación retributiva del personal temporal con respecto al fijo, a la imposibilidad legal de utilizar nombramientos temporales para cubrir necesidades estructurales y al concepto de indemnización que no debe ser distinto del que tiene el personal fijo (20 días por año trabajado).

    En cuanto a la no discriminación retributiva del personal temporal con respecto al fijo, CCOO viene reclamando desde hace meses (con miles de demandas presentadas desde sus Servicios Jurídicos y sin ninguna sentencia firme hasta la fecha) el derecho del personal temporal al ingreso en la Carrera y Desarrollo Profesional en los mismos términos que el fijo. Es decir, que tengan derecho a la Carrera o Desarrollo Profesional quienes acredite más de cinco años de servicios prestados en la misma categoría, independientemente de que su vinculación sea fija o temporal. Por otro lado, y tal y como dicta una de las sentencias, las necesidades estructurales han de ser cubiertas con puestos de trabajo presupuestados, es decir con plantilla fija.

    En este aspecto, hay que resaltar que la Conselleria de Sanitat mantiene alrededor de 3.000 puestos de trabajo que cubren necesidades estructurales con nombramientos temporales y precarios que son renovados periódicamente. Nos referimos a los nombramientos de Atención Continuada y de Acúmulos de Tareas y que afectan principalmente a las categorías de facultativos/as y enfermería.

    Estos puestos de trabajo han de ser reconvertidos en plazas estructurales y ofertadas en las próximas ofertas de empleo. En cuanto a la introducción del concepto de indemnización, desde CCOO entendemos que debe ser introducido en la Administración Pública en los mismos términos que la tiene el personal laboral ya que estas sentencias otorgan las mismas garantías al personal laboral y al funcionario.

    Por eso hemos iniciado una campaña de demandas individuales a través de las que se reclama una indemnización de 20 días por año trabajado, o la parte proporcional, para cualquier finalización de la relación laboral sea cual fuese la causa de ésta, lo que sería totalmente novedoso en el ámbito de las Administraciones Públicas ya que actualmente el personal funcionario y estatutario carece del derecho a indemnización cuando finaliza su relación laboral.

    El objetivo de esta campaña es que la Administración se vea obligada a modificar su política de provisión de puestos de trabajo por medio de la publicación de Ofertas de Empleo que convoquen todas las plazas vacantes existentes en cada momento. Algo que desde CCOO hemos estado reclamando en cada Oferta de Empleo convocada por la Conselleria.

    Alto porcentaje de la interinidad

    Cabe recordar que las plazas vacantes cubiertas por personal interino han sufrido un incremento espectacular en los últimos años debido a la imposición de la tasa de reposición por parte del gobierno central, cifrándose actualmente, para la Conselleria de Sanitat, en alrededor del 35%, lo que para una plantilla de 50.000 trabajadores/as supone alrededor de 17.000 puestos de trabajo cubiertos por personal temporal.

    La Administración debe recapacitar en el sinsentido que supone mantener ese altísimo porcentaje de temporalidad, cuando, teniendo en cuenta que, según las sentencias citadas que reconocen el mismo tratamiento retributivo a todo el personal, no supone, en contra de los argumentos del gobierno central, ningún ahorro económico.

    CCOO pedirá la apertura de un proceso negociador con el objetivo de introducir de forma negociada las reformas normativas que las sentencias del TJUE imponen a los estados miembros. Modificaciones que deben acabar, por un lado, con el altísimo porcentaje de precariedad y temporalidad de las plantillas y, por otro, con la discriminación retributiva entre el personal temporal y el fijo.

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